En caso DMG hay una larga cadena de responsables, pero no todo se le puede achacar al Gobierno

El columnista de EL TIEMPO Saúl Hernández hace un análisis de la situación de DMG y todo el caos que se generó por cuenta de la intervención que el Gobierno le hizo a esa capatadora de dinero.

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noviembre 25 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-25

¿Es el gobierno de Uribe responsable absoluto de la proliferación y el estallido de las pirámides y concretamente del caso DMG? Desde luego que no.

Sólo a la oposición hirsuta se le ocurre que un gobierno tiene la culpa de todo lo que sucede, incluidos los desastres invernales y la actividad de los volcanes. Lo que sí podría enrostrársele al Gobierno es un ostensible error de cálculo que lo llevó a subestimar la gravedad del asunto y a no darle prioridad, tal vez sin saber de los desórdenes suscitados en otros países -como Albania- en casos similares.

No hay que olvidar que hasta hace un par de semanas, DMG no era vista como una captadora ilegal sino como una tienda con un lucrativo modelo de negocio y Murcia, como un genio alquimista que transformaba el plomo en oro. Se dudaba si DMG era una pirámide o no, si era ilegal o no y si había estafa o no, sobre todo porque no le había quedado mal a nadie. Como si fuera poco, entre funcionarios venales, personalidades ilustres y calanchines que hacían el voz a voz, DMG adquirió un aura de magnificencia comercial que no ha tenido ni el Éxito, la tiendita más grande del país.

Los responsables son otros. Primero están los verdaderos pillos, que permanecen tras bastidores, porque es de cándidos creer que este barullo es obra de un par de vendedores ambulantes -de obleas y menjurjes- que estaban haciendo curso de Pabloescobar por correspondencia. 

Detrás de ellos hay una empresa criminal muy grande; no puede ser casual que esta práctica se haya diseminado tan fácilmente por casi todo el país como un cáncer, y que un charlatán como Murcia haya logrado articular un débil discurso sobre mercadeo -y su cacareado 'posicionamiento de marca'- con una proclama incendiaria en contra del Estado, los bancos y el Presidente, al tiempo que había patrocinado políticos, corrompido generales y planeado una estrategia para manipular la opinión pública fichando mil periodistas con un sueldo que muchos no ven en sus medios.

En segundo término están los inversionistas. Algunos cayeron por ingenuidad o ignorancia, pero la mayoría sabía que algo olía mal y no le importó. Unos y otros sabían de los riesgos, pero pudo más la codicia. Asusta ver que estas personas se sienten víctimas del Gobierno y no de los estafadores, y pretenden que el Estado les devuelva todo el dinero que perdieron y que DMG siga funcionando. ¡Qué cinismo!

Lugar de privilegio en la cadena de responsables tienen unos personajes con los que DMG pretendió tejer un manto de aparente legalidad, como el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, el ex vicefiscal Armando Otálora, el ex director de la Dian Guillermo Fino y, muy especialmente, el abogado Abelardo de la Espriella, quien ahora se quiere lavar las manos cual Pilatos. Todos ellos prestaron su nombre y su experiencia, pero fue De la Espriella quien logró convencer a todo el mundo de que DMG era un negocio honorable y su fundador, un hombre honesto.

Pero hay más. Hay responsabilidad del sistema financiero, aunque lo niegue la presidenta de Asobancaria; de los proveedores que hicieron negocios con DMG; de los trabajadores del grupo, a quienes sólo les importaba la puntualidad de la quincena -pagada en rama- y no el mamut que se paseaba por las oficinas; y de toda una sociedad, que ha construido un régimen hermético que impide la movilidad social por medios lícitos.

Y como es la hora de los oportunistas, viene ahora otro eminente jurista a liderar las demandas de los estafados contra el Estado con el argumento de que DMG recibió permiso de funcionamiento en varias ciudades. Si esa tesis prospera, sería como aceptar que si un conductor ebrio atropella a un peatón, la culpa es del Estado por expedir el pase de conducción. No, el país no puede ser solidario con delitos de estafa y lavado de activos, ni seguir alimentando esa manía infantil de eludir los deberes y las responsabilidades de cada individuo.

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