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Caso Granahorrar, a la Corte

El Consejo de Estado ratificó por segunda vez la sentencia en la que condenó al Gobierno a pagar una millonaria indemnización a los antiguos accionistas de Granahorrar por el proceso de nacionalización de la entidad durante la crisis financiera de finales de los 90. Inicialmente esa decisión había sido apelada, vía tutela, por la Superfinanciera, Fogafín y el Ministerio de Hacienda, pero el alto tribunal la rechazó por improcedente, luego vino una impugnación que también fue negada y ahora el proceso se traslada a la Corte Constitucional, la cual tiene la potestad de decidir si revisa o no el caso.

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septiembre 18 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-09-18

Sin embargo, este último fallo, que fue proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, no sorprendió a las partes, dado que ambas consideran lógico que el tribunal se mantuviera en su punto de vista y por eso están pendientes de lo que suceda en la Corte Constitucional, cuya sala de revisiones, que se reúne mensualmente, decidirá si revive el tema. Dada la elevada suma de este pleito -que originalmente era de 226.961 millones de pesos, pero que por tener intereses de mora diarios, ya puede estar bordeando los 280.000 millones, según cálculos de abogados- y la importancia de las partes, pues el dinero para pagar provendría de las arcas públicas, las apuestas están en que la Corte sí va a revisar la tutela, pero no hay garantía al respecto, como tampoco plazos. Por este motivo, en el Consejo de Estado consideran que con los fallos emitidos el Gobierno ya debería haber pagado a los antiguos accionistas de Granahorrar. En su concepto, si pasan 18 meses desde noviembre del 2007, fecha de la primera decisión, y no se ha pagado, los accionistas pueden tramitar un proceso ejecutivo por incumplimiento en la justicia ordinaria. Esto se basa en el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo. Las tutelas que interpuso al Superintendencia son auxiliares. Es decir, para el Consejo de Estado, no influyen en la decisión ya tomada. Mientras este proceso llega a su final, el Gobierno incluyó en el proyecto de presupuesto del 2008 la suma de 364.000 millones de pesos para responder en caso de que pierdan. POLÉMICA POR GASTOS EN PAGO DE DEMANDA En la Comisión Legal de Cuentas del Congreso se debatió ayer el elevado costo de los litigios y demandas contra el Estado, que en la actualidad superan los 60 billones de pesos. El represen- tante Alonso Acosta Osio calificó como ‘muy preocupante’ que el país deba responder por seme- jante suma, cuando tiene tantas necesidades básicas insatisfe- chas. Su propuesta radica en que se les de una solución rápida a estos pleitos y para eso se debería establecer que los funcionarios públicos que ocasionen fallos en contra del Estado por dolo o ne- gligencia asuman responsabilidad.WILABR

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