Cero tolerancia

No tiene antecedentes la decisión del presidente Álvaro Uribe y de su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, de pasar a retiro inmediato a 27 oficiales, entre ellos tres Generales de la República, la semana pasada. La determinación fue resultado de las indagaciones que el Gobierno y la Fiscalía General adelantan sobre una siniestra cadena de muertes de jóvenes en zonas deprimidas como el municipio de Soacha, y su hallazgo entre los cadáveres de guerrilleros dados de baja en otras regiones como Norte de Santander. La sospecha de que, ya sea por acción o por omisión, esos oficiales pueden tener responsabilidad en este macabro proceso para inflar los positivos de la Fuerza Pública, bastó para que el Ejecutivo tomase la drástica medida de purga.

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noviembre 03 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-03

Aunque las investigaciones de la Fiscalía siguen su curso y pueden llevar a nuevas salidas, todo indica que Uribe y Santos tuvieron suficiente con la información recabada para proceder como lo hicieron. Así, la idea no solo es la de sacar del servicio activo a quienes actúan de manera tan equivocada, sino de enviar un mensaje ejemplarizante a todos los integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado. Hay que destacar que esto ocurre en el mejor año para las Fuerzas Armadas en muchas décadas, por no decir en toda su historia. Los golpes para capturar o dar de baja a algunos de los más importantes comandantes de las Farc, el rescate de Íngrid Betancourt y de catorce secuestrados sin disparar un tiro, la presión militar que ha producido liberaciones como la del dirigente político Óscar Tulio Lizcano, los más de dos mil desmovilizados que dejan frentes de la guerrilla donde, por cuenta del acoso táctico, faltan la comida y las municiones, constituyen un listado de éxitos como no se había visto desde que los grupos ilegales comenzaron a surgir y fortalecerse hace cuarenta años. En ese sentido, el mensaje al mundo es muy significativo: aún si las Fuerzas Militares y de Policía han dado las mayores muestras de eficiencia y capacidad de derrotar al enemigo, el Gobierno no va a permitir que se extralimiten ni mucho menos que cometan crímenes de lesa humanidad de los que hoy no solo está pendiente la justicia colombiana, sino los tribunales foráneos. En este punto quizás radica una de las principales motivaciones de la Casa de Nariño para actuar como lo hizo, pues hace parte de las tareas de la Corte Penal Internacional el velar porque hechos como éste no queden impunes. En esa medida, cualquier gobernante del mundo que no tome decisiones para erradicar estas prácticas, separar a quienes actúan por fuera de las normas y ponerlos en manos de los jueces, puede ser objeto de investigación. Si oficiales de un cuerpo armado violan los derechos humanos, sus superiores militares y civiles tienen la obligación de apartarlos de la línea de mando y llevarlos a juicio. Una actitud de cero tolerancia a la violación de los derechos humanos no solo resulta fundamental por razones éticas y legales. También por consideraciones de tipo práctico en beneficio del país. El descomunal avance logrado por las Fuerzas Armadas en la recuperación de la seguridad, debe ser complementado con gestiones decididas en contra del irrespeto a los derechos fundamentales y con las debidas garantías para que la justicia investigue, establezca los hechos y castigue a los culpables. Colombia no tiene solo un largo historial de violencia que lesiona su imagen internacional. También la de un país donde la impunidad ha campeado, en especial en estos graves asuntos. Temas como la comprometida aprobación del TLC con Estados Unidos por parte del Congreso de ese país, solo se resolverán si algunos de los legisladores demócratas que se le oponen reciben las señales adecuadas en el sentido de que las extralimitaciones de militares y policías son sancionadas. Hay pues sobradas razones para que el Presidente y su Ministro de Defensa hayan actuado como lo hicieron. Y las hay también para que todos los estamentos sigan adelante hasta erradicar estas abominables prácticas. '' La firme actitud del Gobierno ante episodios de violación de los derechos humanos resulta fundamental por razones éticas y legales, así como por motivos prácticos.WILABR

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