Cerrar la llave de la inequidad en servicios públicos

En el área de los servicios públicos domiciliarios coexisten dos realidades en el país: la de las ciudades bien atendidas y la del campo bien olvidado. Eliminar esa dualidad es la tarea que está aún pendiente.

En el 2013, el 88,5 por ciento de los hogares colombianos contaba con servicio de acueducto.

Archivo Portafolio.

En el 2013, el 88,5 por ciento de los hogares colombianos contaba con servicio de acueducto.

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mayo 15 de 2014 - 07:38 p.m.
2014-05-15

Los resultados contables de las principales empresas de servicios públicos domiciliarios son contundentes: permiten afirmar que el régimen colombiano de dichos servicios ha inducido un notable desarrollo empresarial en este sector, pero es altamente desigual, concentrado en las ciudades más grandes de Colombia y limitado a un número relativamente pequeño de entidades prestadoras.

La realidad de los servicios públicos domiciliarios en el país es mucho más extensa y complicada que la que se muestra en estas cifras.

En todo caso, no se puede negar que –con notables y pocas excepciones– las empresas de servicios públicos en las áreas metropolitanas, y las ocho o diez ciudades que les siguen en población, registran buenos excedentes operativos y financieros. Esto es cierto tanto para empresas públicas como de capital privado. Son rentables, por regla general, los patrimonios comprometidos en este sector en la Colombia de mayores concentraciones urbanas.

El régimen vigente desde hace dos décadas ha construido un ambiente de estabilidad normativa favorable a la planeación empresarial. Los marcos regulatorios son estables y estimulan la expansión de redes y sistemas en las áreas urbanas. El marco tarifario, en particular, ha permitido que los márgenes operativos sean muy amplios en tales áreas. De hecho, es oportuna una discusión sobre la conveniencia y la justicia de los niveles tarifarios que hoy se aplican en diversos servicios y varias ciudades.

La estratificación urbana y el sistema de subsidios y contribuciones han servido para instaurar un ambiente de solidaridad a favor de las comunidades más pobres. El concepto de consumo mínimo vital será cada vez más una condición normal en la prestación de servicios públicos en las urbes colombianas. Ello tendrá, claro, implicaciones fiscales importantes.

Es creciente la experiencia de las comisiones de regulación (CRA, Creg) en el contexto metropolitano/urbano. Este conocimiento es fundamental para estimular la eficiencia operativa, la adecuada atención a los derechos de los usuarios, y la prevalencia de altos estándares técnicos y de calidad. Como en todas partes del mundo, el Congreso, el Gobierno, los medios y la opinión pública deben estar atentos a que los organismos reguladores y supervisores no sean sometidos a una influencia indebida de los regulados y vigilados. Pero Colombia, un país dual en tantos aspectos de la vida social, lo es también en materia de servicios públicos domiciliarios.

La ‘modernidad’ de las grandes ciudades en las que prestan sus servicios las mayores empresas del sector convive con el atraso de gran parte de la sociedad rural y de las comunidades que viven en metrópolis más pequeñas, incluso en la vecindad de los centros urbanos mayores.

La realidad es, entonces, que en materia de servicios públicos hay dos clases de comunidades: las que viven en las grandes ciudades, y unos 15 millones de personas cuyos derechos humanos (en materia de agua potable, por ejemplo) no están siendo observados.

Las cifras disponibles sobre cobertura, provistas por la Encuesta de Calidad de Vida del Dane, indican lo siguiente: en energía eléctrica, en el 2013 la cobertura a nivel nacional llegó a 98,2 por ciento. En las áreas rurales, la cifra es 92,6 por ciento. No obstante, en las llamadas zonas no interconectadas a la red nacional, es evidente la precariedad del servicio, tanto en la continuidad como en la confiabilidad.

En cuanto al gas natural, la cobertura en el territorio nacional llegó a 72,4 por ciento en el 2013 (9,8 por ciento fuera de las cabeceras municipales).

En el 2013, el 88,5 por ciento de los hogares colombianos contaba con servicio de acueducto. En alcantarillado se registró una cifra de 75,9 por ciento. Sin embargo, las cifras sobre la calidad del agua en áreas rurales y en pequeñas poblaciones indican que unos 14 millones de personas no cuentan con la calidad mínima requerida para ser definida como ‘apta para consumo humano’.

Así pues, en servicios públicos domiciliarios coexisten dos verdades. Esta dualidad es una expresión más de las desigualdades sociales que aún caracterizan a Colombia.

 

César González Muñoz,
Exsuperintendente de Servicios Públicos

 

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