Una cirugía pendiente

Un importante golpe contra la corrupción en Colombia fue el que tuvo lugar cuando la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría se unieron con la Policía y la Dijín para desarticular una abominable red dedicada a robarse parte del dinero de la salud.

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mayo 04 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-05-04

Las primeras detenciones, que incluyen a funcionarios públicos y a otros en el sector privado, muestran un entramado que había empezado a operar en el 2006 y que sería el responsable de desfalcos que ascenderían a decenas de miles de millones de pesos. Las revelaciones han impresionado a la opinión, incluso en un país acostumbrado a las trampas. Que el dinero que debe destinarse a la atención de las personas más necesitadas o a cubrir el déficit de los hospitales públicos acabe en los bolsillos de un puñado de avivatos es algo que genera un rechazo justificado. Por tal motivo, hay que esperar que los culpables reciban todo el peso de la Ley, ojalá con penas ejemplarizantes. Pero al tiempo que eso ocurre, lo sucedido sirve para recordar que una buena parte de los factores que han permitido los abusos siguen vigentes. De tal manera, a menos que se adopten los correctivos, existe la probabilidad de que una nueva camada de criminales trate de utilizar mecanismos para meterle las manos al erario. Ante esa posibilidad, cabe recordar que el desorden actual tiene mucho que ver con la expedición de la sentencia T-760, proferida en por la Corte Constitucional. Sin desconocer que la decisión pretendía establecer las bases para un sistema de salud más equitativo, la falta de reacción del Gobierno de ese entonces llevó a que se dispararan los recobros al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) que desde entonces se ha enfrentado a una avalancha de reclamaciones que ha sobrepasado su capacidad administrativa. Ese factor permitió el surgimiento de 'tramitadores' encargados de agilizar pagos, pues los atrasos tienen a un buen número de las entidades adscritas a la actividad cerca de la iliquidez. Por tal motivo, es necesario completar la reorganización de un esquema que hace agua por muchas partes. Esto sólo se logrará mediante la adopción de una ley estatutaria en salud que debería definir los beneficios a los que tienen derecho los afiliados al régimen contributivo y al subsidiado, al tiempo que establece límites y responsabilidades. De lo contrario, la posibilidad de una implosión seguirá siendo una realidad. Y es que sin negar que en términos de cobertura se han hecho grandes avances, ya que más del 90 por ciento de la población está afiliada al sistema, ese logro será efímero si la estructura edificada no es financieramente sostenible. A lo anterior hay que agregar que las autoridades necesitan mejorar su desempeño, tanto para hacer la cirugía de fondo que sigue pendiente como para controlar los abusos. Por ejemplo, en el grupo de las EPS hay entidades que son buenas, junto a unas regulares y malas, pero por cuenta de la falta de liderazgo estatal a la hora de imponer sanciones, todas han quedado en el mismo saco. Esa situación es inconveniente, pues se convierte en un terreno fértil para la corrupción, al tiempo que desestimula inversiones que son indispensables. Así las cosas, es necesario felicitar a los organismos que pusieron tras las rejas a unas cuantas manzanas podridas, lo cual se convierte en un preaviso para quienes creen que pueden seguir impunes. Sin embargo, al mismo tiempo que eso ocurre, hay que recordar que la salud en Colombia sigue en cuidados intensivos y que el verdadero motivo de sus males es otro. Por lo tanto, la cura no depende de lo que haga la Policía, sino el Ministerio de la Protección Social, que recibió una herencia complicada, pero que necesita hacer mucho más en este frente.HELGON

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