Tras la tutela que bloqueó el pago de una garantía cercana a los 25 millones de dólares por el incumplimiento de la firma Poliobras en la construcción de la central térmica Termocol, la institucionalidad del sector eléctrico decidió utilizar todas las herramientas jurídicas a su alcance, con el fin de preservar la estabilidad del esquema de cargo por confiabilidad.
Luego de que el juez 50 Civil Municipal de Bogotá le ordenara al banco suizo EFG Bank no pagar este dinero por el fallo que protegía el derecho al debido proceso, entre otros, la decisión fue acatada por la firma XM, que administra el mercado mayorista de energía.
Sin embargo, esta misma firma le solicitó de nuevo a la entidad financiera internacional el pago de los millonarios recursos, pero esta vez invocando otra causal, no contemplada en la tutela, que tiene que ver con la obligación que tienen los agentes con un proyecto de genera
ción en marcha de mantener una garantía vigente, mientras entra en operación.
El gerente General de XM, Luis Alejandro Camargo, explicó que, a pesar de que Poliobras tenía que renovar la garantía 15 días hábiles antes de que se venciera (máximo el 11 de julio), la firma no lo hizo, por lo cual se pidió el pago de este ‘seguro’ al EFG Bank. Esta causal no fue discutida ni mencionada en el controvertido fallo del juez 50 Civil Municipal de Bogotá.
El viceministro de Energía, Orlando Cabrales Segovia, indicó que desde el despacho del ministro Federico Renjifo se interpuso, ante el Consejo Superior de la Judicatura, una queja disciplinaria por la actuación del juez. El banco suizo tiene el fallo del juez de tutela, además del nuevo cobro de la garantía por parte de XM, y se espera una decisión a final de mes, aunque existe el riesgo de que, ante la situación, rehúse el pago.
OTRAS CAUSALES VIENEN EN CAMINO
Otra causal en camino tiene que ver con un nuevo incumplimiento a través de un proceso administrativo que adelanta la Creg, teniendo en cuenta que el año pasado Poliobras participó en una subasta de reconfiguración, pidiendo un año de aplazamiento de forma legítima.
A cambio de este procedimiento también debía pagar una garantía que no cubrió. La intranquilidad al interior del sector no cesa. “Estamos preocupados porque el juez nos quiere aplicar un desacato, cuando no se está actuando en contra de la regulación ni de la ley”, indicó Camargo.