¿Un código de corto plazo para un sector de largo plazo?

Con la Ley 685 de 2001 (actual Código de Minas), el Gobierno quiso compilar un nuevo esquema regulatorio del sector minero en un código formal, que ofreciera la máxima seguridad jurídica en la relación Estado-particulares, tomando la decisión política de renunciar a ser empresario minero, ya que entendió que las mismas requerían de alta inversión en capital y se convertían en actividad de riesgo, desplegando todo a ser un facilitador y fiscalizador eficiente.

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diciembre 14 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-12-14

La Corte Constitucional, en Sentencia C-669 de 2002, expresó: "... la Ley 685 de 2001 pone en evidencia que la voluntad del legislador ha sido la de establecer un marco jurídico completo y estable para el contrato de concesión minera que permita el pleno desarrollo del sector, así como el de estimular la inversión nacional y extranjera en este campo". La Ley 685 de 2001 enmarca las normas generales que regulan la actividad minera de manera tan amplia, clara y suficiente que sólo en casos específicos se contempla una reglamentación de los asuntos en los cuales se deja un espacio al ejecutivo para que, dentro del ámbito de su competencia, desarrolle la voluntad del legislador. En busca de una coherencia total entre el interés del Estado y el cuerpo integral del Código de Minas, no sería correcto adelantar un ajuste parcial al código que desarticule su estructura, dando un viraje total a la política minera de Colombia. La Ley 685 de 2001 no corresponde a una normatividad antigua y rezagada: tan solo han pasado 10 años desde su expedición. Su construcción e implementación surgió de un alto esfuerzo del sector minero y del Gobierno Nacional que buscaba consolidar una normatividad acertada, orientada al desarrollo continuo de la actividad minera, con un evidente contenido ambiental, con una racional estructura procedimental, con un estado orientador mas no ejecutor, y con unas reglas claras y objetivas para todo aquel que pretendiera ejercer la actividad minera en territorio colombiano. En los 10 años de implementación cabe preguntarse: ¿se ha permitido la consolidación y maduración de la normatividad vigente de tal forma que podamos concluir acertadamente cuáles son sus ventajas y desventajas? Bajo esta normatividad empresas mineras nacionales y extranjeras han iniciado proyectos que están en trámites de consultas previas, sustracción de reservas forestales, campañas exploratorias, certificación de reservas, elaboración de estudios mineros y ambientales o en trámite de licencia ambiental. Proyectos que llevan unos pocos años y que requieren de 20 o más años para su etapa de montaje, producción y cierre de mina. La reforma al Código Minero no puede ser el resultado de la implementación de paliativos normativos que responden a periodos cortos de tiempo. La actividad minera exige estudios que visualicen resultados a largo plazo, políticas que deben implementarse en el tiempo por décadas suficientes, que garanticen una exploración y explotación constante, adecuada, eficiente que propenda por desarrollo económico del país; todo lo anterior, armonizado y contrarrestado con la regulación ambiental, en aras de la protección y conservación de los recursos naturales y del ambiente. La Ley 685 de 2001 es un código serio con unidad de materia, el cual debe ser respetado y cumplido, lugar donde se incorpora de manera urgente un Estado fuerte en la fiscalización y ágil al resolver las peticiones de los particulares, ya sea para negarlas o concederlas conforme a la norma. Un aspecto que preocupa a algunos sectores son los temas ambientales contenidos en el Código de Minas. La actividad minera, como cualquier otra, genera impacto en el medio, y para la industria es claro que desde antes del 2001 existen zonas excluibles de la actividad minera. Lo importante es que estas zonas se definan y se delimiten de manera clara, que permita que las autoridades y los particulares tengan claridad, dónde no se puede solicitar un título minero. La legislación colombiana en materia ambiental es rigurosa y exigente. Si un proyecto no demuestra en el Estudio de Impacto Ambiental, e identifica cuáles de los impactos podría evitar, mitigar o compensar y las respectivas medidas de manejo, sencillamente no será licenciado y en consecuencia no se adelantará. Sólo un estudio con este detalle puede demostrar o no que es posible la ejecución de un proyecto. No se sugiere una inamovilidad legislativa aplicada a regímenes completos como el minero, pero sí se llama la atención sobre el riesgo que se corre de enviar un mensaje equivocado sobre cambios en las reglas de juego que desestimulen las nuevas inversiones y el crecimiento de las que ya existen. La movilidad y capacidad de adaptación de las normas estructurales pueden, en algunos casos, realizarse por medio de reglamentos eficientes de la norma rectora que se integren a este cuerpo normativo. El sector está dispuesto al abordaje de un estudio concienzudo y profundo de lo que se espera del país y de la minería en los próximos años, a partir de la consolidación de escenarios de concertación y discusión orientadas a construir una reforma integral y contundente de un código de minas que interprete una de las características esenciales de los proyectos mineros: el largo plazo.ADRVEG

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