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Colombia, una democracia amenazada

Colombia, una democracia amenazada

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septiembre 08 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-09-08

El país está presenciando la polarización política e institucional más compleja que se haya presentado en los últimos veinte años, la cual está socavando las precarias bases institucionales sobre las que se ha edificado nuestra nacionalidad. Buena parte de la responsabilidad de esa confrontación recae sobre los hombros del presidente Uribe, como principal articulador del mandato constitucional nacional.

Para comenzar, es insostenible el clima de beligerancia del Presidente contra los partidos políticos que están en la oposición y sus altos dirigentes, contra la Corte Suprema de Justicia y los magistrados; el Consejo Superior de la Judicatura; los medios de comunicación y periodistas críticos del gobierno y ahora contra la Fiscalía, e indirectamente desafía la normatividad del derecho penal internacional a la cual el país se ha acogido.

Prueba de ello son: el enfrentamiento con la Corte Suprema, a causa del señor 'Tasmania'; las tres visitas al Palacio de Nariño del abogado de 'don Berna' y sus delegados, quienes fueron miembros de las AUC como el señor 'Job', y lo que allí se estaba planeando con el Secretario Jurídico, doctor. Edmundo del castillo y el jefe de Prensa, doctor César Mauricio Velásquez, sin informar a autoridad judicial alguna.

También, los ataques permanentes al magistrado investigador Velásquez; la demanda al ex presidente de la Corte, magistrado Valencia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por parte del presidente Uribe, entre otros, sin mencionar las acusaciones y denuncias de 'roscogramas' de las cortes.

Venimos de otro escándalo denominado la 'Yidis-Política', que terminó siendo calificada de cohecho entre la representante Yidis Medina y, aún no se sabe quién: el ex ministro del Interior Sabas Pretelt, el ministro de la Protección Social, Diego Palacios, el secretario general de presidencia, Alberto Velásquez o el ex viceministro del Interior, doctor Angarita?

Además, luego de la visita del presidente Uribe a Rionegro, donde se expuso el organigrama y eventual desmonte de la 'Oficina de Envigado', estalló el escándalo contra el ex director de fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia y frente al cual el primero fustigó al fiscal Iguarán, por incompetente, mientras protegió al mininterior, Fabio Valencia C., cuando el grupo político de éste venía manejando la fiscalía mencionada por cerca de dos décadas y, según el doctor Iguarán, lo llamó para interceder por su hermano cuando había declarado que se apartaba del proceso.

Y qué decir de la extradición de 15 narcoparamilitares que se habían acogido a la ley de Justicia y Paz y empezado a confesar: las atrocidades realizadas; los socios políticos, económicos y militares; el número de asesinatos; la ubicación de las fosas y de algunas propiedades de las víctimas. Esta extradición no ha tenido justificación alguna, aún ante la solicitud de la Corte Suprema de Justicia.

Recuérdese que el castigo de delitos de lesa humanidad prima ante los de narcotráfico. Tampoco se ha recorrido el camino para continuar con las confesiones, tal como lo manifestó en carta pública el señor Mancuso, en la cual sostuvo que estaba listo a responder, pero que nadie le había preguntado nada.

Como si fuera poco, nos quieren imponer tres reformas constitucionales: la política, la judicial y el referendo para la segunda reelección presidencial; y también, el presupuesto del 2009 con una enorme chequera abierta (1,2 billones de pesos) para el presidente o para su campaña, recursos del Fondo Nacional de Regalías, que pertenecen a las entidades territoriales.

En conclusión, nuestra democracia está amenazada, pues se han traspasado los limites constitucionales que la soportaban, como el equilibrio entre los poderes públicos, las garantías a la oposición, la libertad de prensa, el respeto de las dignidades legítimamente constituidas, el derecho a disentir, entre otras.

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