Colombia y las Metas del Milenio

Colombia junto con los demás países miembros de las Naciones Unidas, es uno de los firmantes de la Declaración del Milenio y sus objetivos de Desarrollo.

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noviembre 26 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-11-26

El cumplimiento de este compromiso y el logro de los objetivos es un requerimiento no solo de ética y justicia, sino también una oportunidad de crecimiento y desarrollo para el país, al generar una espiral de demanda y consumo dentro de un círculo virtuoso de mayor productividad, mayor capacidad de consumo y de producción. Por tanto, Colombia no puede menos que hacer un seguimiento estricto de los avances, trabajo que está liderando el Gobierno conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud.

En un entorno en que nuestra economía ha tenido crecimientos que bordean el 7 por ciento en trimestres recientes, con guarismos que no veía el país desde la década del 70, es imperativo analizar qué efectos están teniendo estos resultados económicos en el camino hacia el logro de los objetivos planteados y reconocer cuáles son las brechas que nos distancian de su alcance para tomar las medidas pertinentes a fin de reorientar los programas que permitan avizorar el éxito de los mismos.

Este crecimiento no está cubriendo el desarrollo igualitario de todas las regiones. Históricamente, Colombia ha mostrado índices muy desequilibrados de desarrollo entre regiones. Mientras Bogotá y departamentos como Valle del Cauca, Quindío o Risaralda tienen menores porcentajes de pobreza o indigencia, regiones como Chocó o Boyacá las acentúan.

Similares conceptos pueden predicarse de los temas de educación, empleo y salud, en donde también las diferencias entre regiones son abismales y siempre recaen en los mismos habitantes las condiciones de mayor inequidad y pésimas condiciones de vida.

La coyuntura política del momento en Colombia, cuando acaban de ser elegidos todos los mandatarios regionales y municipales, muestra que es oportuno hacer la evaluación de esos avances y que con el apoyo del Pnud y la coordinación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se definan los aspectos críticos que exigen la mayor atención regional, orientada al logro de la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, primero de los objetivos planteados, que a su vez es el básico, como fundamento y a su vez consecuencia de la obtención de los otros siete.

La pobreza en Colombia, a pesar del mejoramiento de los indicadores, sigue siendo un gravísimo problema, que tiene repercusiones no solo en la falta de ingresos y por consiguiente en las condiciones de desarrollo, sino también en el acceso a los derechos sociales; por tanto, se fijaron unas metas para Colombia, como lo han hecho otros países, dentro de las grandes metas del milenio.

En cuanto a la meta número uno: reducción de la pobreza mundial, disminuyendo a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar día y el porcentaje de personas que padecen hambre, Colombia definió reducir a 28,5 por ciento el porcentaje de personas en pobreza y 8,8 el porcentaje de personas en pobreza extrema.

Es claro que todas las regiones no van a lograr este indicador promedio, pero para llegar a la meta es imprescindible que todas y cada una de las localidades hagan un progreso significativo.

Departamentos como Nariño, Sucre, Bolívar, Boyacá, Chocó y están muy lejos de las metas y necesitan acciones más decididas y ambiciosas. Sus requerimientos fluctúan entre temas como educación, equidad de género, cobertura de servicios básicos como acueducto y alcantarillado, salud o medio ambiente.

La población más pobre carece regularmente de capital humano, empresarial y de infraestructura, y corresponde entonces a un trabajo coordinado del sector público y del privado hacer las inversiones y los planes necesarios para la provisión de estos tipos de capital.

El sector público debe encargarse de las inversiones en capital humano: salud, alimentación, educación; capital natural: conservación ambiental y la biodiversidad; infraestructura: carreteras, energía, agua, puertos, comunicaciones; administración pública eficiente y transparente; sistema judicial, seguridad.

Sector público y privado deben gestionar el capital intelectual: la investigación en diferentes campos tecnológicos, comunicaciones, agricultura, salud, etc. Finalmente, el sector privado debe ser responsable de las inversiones empresariales en agricultura, industria, comercio y servicios, así como en investigación para el desarrollo.

He aquí toda una gama de oportunidades de trabajo que las nuevas administraciones deben liderar y gestionar como parte fundamental de sus planes de gobierno en los períodos que se inician. 

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