Comedia de errores

En un país que aparentemente lo ha visto todo, aún queda espacio para las sorpresas.

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mayo 10 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-05-10

Esa impresión se confirmó el viernes pasado cuando el Gobierno informó que había decidido retirar del Congreso el proyecto de ley que lo autorizaba a vender hasta un 10 por ciento de Ecopetrol. Si bien el propio Ministerio de Hacienda anotó que piensa volver a presentar la iniciativa en un lapso breve, lo cierto es que con lo hecho el Ejecutivo le sumó una torpeza más al manejo del que es su activo más importante. El tema, a decir verdad, no es nuevo. Desde antes del cambio de administración, los observadores estaban nerviosos ante los rumores que anunciaban un cambio de presidente en la compañía, en donde el Estado conserva el 90 por ciento de la propiedad. A esa posibilidad, que hasta la fecha no se ha concretado, se le sumó el anuncio hecho por Juan Manuel Santos en noviembre. El mandatario sostuvo que la privatización de parte de la empresa era un hecho y que el propósito era financiar un ambicioso programa de construcción de vías. El problema es que en ese momento ya se había puesto en marcha la capitalización de Ecopetrol que busca colocar entre el público un 10 por ciento de acciones adicionales a las de hace cuatro años. Como el valor de la operación superaría los 16 billones de pesos, según la cotización actual del título en la bolsa, fue necesario programar reuniones de urgencia para saber quién salía primero. Como consecuencia de las conversaciones, el Ejecutivo aceptó que la prioridad le correspondía a la compañía, pues, con más capital, contará con el músculo que necesita para elevar su producción a 1,3 millones de barriles diarios en el 2015. No obstante, en la segunda semana de diciembre fue radicado en el Capitolio el texto que le permitía a la Nación enajenar su parte en una fecha posterior. Tal como había sucedido la vez pasada, cuando se recibió la primera luz verde, la idea era trabajar con las comisiones quintas del Senado y la Cámara, que tienen a su cargo los temas de minas y petróleos. Ese camino fue desechado con prontitud. Y es que para finales de diciembre el Gobierno había decretado el estado de Emergencia Social, con el fin de hacerle frente a los estragos dejados por el invierno. La declaratoria fue refrendada pocas semanas después, lo cual vino acompañado de una serie de decretos entre los cuales se encontraba la autorización para la privatización del consabido paquete de acciones de Ecopetrol. Dos meses después fue necesario dar marcha atrás, por cuenta de la Corte Constitucional. Como es sabido, el alto tribunal declaró inexequible la segunda Emergencia, por lo que naufragaron todas las disposiciones adoptadas a su amparo. Ante lo sucedido, se reactivaron las cosas en el Congreso, en donde el proyecto dormía el sueño de los justos. El inconveniente es que para ese entonces había una discusión, inspirada en la presidencia del Senado, sobre si el tema debería ser tratado en las comisiones cuartas, que tienen que ver con asuntos presupuestales. Finalmente, esa tesis se impuso, con lo cual la discusión fue trasladada. Pero para ese entonces la madeja estaba tan enredada que más de un jurista le aconsejó al Ministerio de Hacienda hacer borrón y cuenta nueva. Todo lo sucedido deja un pésimo sabor. Debido a ello, ya comenzaron las hipótesis sobre consideraciones políticas, y no técnicas, en un algo tan delicado. Por tal razón, el Gobierno está en la obligación de enmendar la plana, pues no sólo tiene que cuidar la salud de Ecopetrol por el hecho de que es la que más impuestos de renta paga y mayores dividendos le gira, sino porque tiene unos 400.000 accionistas, cuyo patrimonio se ve afectado por lo sucedido. Ojalá este sea el último acto de lo que sólo se puede describir como una verdadera comedia de equivocaciones. HELGON

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