Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (Cnpm) quedó con amplias facultades para 'meterle mano' al sector

El Decreto 126, expedido al amparo de la Emergencia Social para la salud, no sólo le dio más poderes a la Cnpm, sino que fortaleció los de la Supersalud y los de la Superindustria y Comercio.

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enero 31 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-01-31

La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (Cnpm), que en casi cuatro años de vigencia de la nueva política para el sector no ha enviado a control directo a ningún producto y apenas a uno le ha fijado un precio de referencia, que no ha sido acatado, quedó con amplias facultades para 'meterle mano' al sector.

La 'inflada' de los precios de algunas medicinas que no están en el Plan Obligatorio de Salud (POS) "es lo que está matando al Fosyga", aseguran en el Ministerio de la Protección Social. Los recobros por medicamentos, insumos y procedimientos, sumaron  más de 1,2 billones de pesos en el 2008 y superaron 1,8 billones el año pasado, por encima de los dineros que se les dedican a los hospitales públicos.

El de salud es un sistema que se presta para ser capturado, señaló el director de Fedesarrollo, Roberto Steiner, en referencia a la corrupción que, como dice el decreto mencionado, ha desviado los recursos de la salud para otros fines.

Así, la Cnpm quedó facultada para fijar márgenes de comercialización a uno o varios eslabones o a toda la cadena de medicamentos y dispositivos médicos. Sobre este último mercado, dijo la secretaria del organismo, Carolina Lorduy, no hay ningún control y  sus precios han venido subiendo de manera signiticativa.

El presidente de la Organización Sanitas Internacional, Roberto Cocheteux, quien advierte que no cree en los controles de precios, considera que se debe intervenir toda la cadena y no solo una o varias partes de ella y que la fijación del margen de comercialización debe comenzar por el productor o comercializador del producto, porque si define para un punto intermedio o el final se pueden generara descompensaciones. "Lo más importante es el precio base", manifestó el directivo.

Al definir un margen se busca evitar los abusos, explica Lorduy. Si se detecta que estos se presentan en un eslabón, agregó, no hay que establecerlo para toda la cadena y de esta manera las investigaciones no se hacen interminables.

Hasta ahora, las clínicas y hospitales privados no estaban obligados a reportarle al Gobierno información sobre compra y venta de medicamentos, lo que dejaba un hueco para el seguimiento de precios. Ahora tendrán que hacerlo -como en general lo vienen  haciendo las EPS, laboratorios, importadores, mayoristas y los hosptiales públicos- y cuando la Cnpm lo considere necesario, también lo harán las cadenas de droguerías y supermercados que ofrezcan medicinas.

El Observatorio del Medicamento (Observamed), de la Federación Médica Colombiana, ha sido un permanente crítico del poco uso que las autoridades están haciendo de los millones de datos que reciben trimestralmente de las entidades y empresas obligadas a  reportar, lo que se refleja en las muy pocas decisiones adoptadas hasta el momento (algunas medicinas enviadas a libertad regulada de precios).

Un punto controversial del decreto 126 es el que presume que un medicamento patentado no tiene sustitutos o competidores lo mismo que aquellos cuya información de datos de prueba está protegida por el decreto 2085 del 2002, que restringen la competencia  de productos genéricos, y si son los únicos que contienen determinados principios activos.

El presidente de Afidro (gremio de las multinacionales farmacéuticas), Francisco de Paula Gómez, considera que el hecho de que un medicamento tenga patente o esté protegido del 2085 no quiere decir que no tenga una alternativa terapéutica y aspira a que  el Gobierno aclare más ese punto.

Alberto Bravo, presidente de Asinfar, que reúne a los laboratorios nacionales, apoya esa medida, que califica de avance, aunque preferiría que las medicinas protegidas fueran clasificadas, por lo menos, en el régimen de libertad regulada o de una vez  llevarlas a control directo de precios, porque, afirmó, "son las que tienen desangrado al sistema de salud con los billonarios recobros al Fosyga".

Carolina Lorduy, por su parte, dijo que la ausencia de sustitutos de un medicamento es apenas uno de los criterios que se tienen en cuenta para clasificar un producto en libertad regulada, lo cual, además, no debe considerarse una sanción, sino que son  medicinas de interés para el Estado a cuyos precios se les hace un seguimiento especial.

Las multas por violar el régimen de precios de medicamentos "eran irrisorias y, por lo tanto, no disuasivas", comentan funcionarios del Gobierno, pues apenas iban hasta 300 salarios mínimos (algo más de 150 millones de pesos). Ahora, incluida la  violación a los los precios de los dispositivos médicos, van hasta 5.000 salarios mínimos (cerca de 2.600 millones de pesos) y pueden aplicarse diariamente hasta que se suspenda la conducta sancionada.

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