De entrada tendrían que desprenderse las aseguradoras de 9.000 consultorios y buscar quien supla millones de atenciones ambulatorias que se prestan hoy allí.
El presidente de Acemi, gremio de las EPS del contributivo, Juan Manuel Díaz-Granados, dice que el tema toca sensiblemente los derechos de los usuarios pues “cómo se atendería a los afiliados si no se puede usar la infraestructura”. El directivo recordó que uno de los motivos de la Ley 100 fue precisamente garantizar la atención en todos los niveles y así lo hicieron las aseguradoras, “para que, sin ningún estudio técnico, ahora nos digan que no puede haber integración”.
Recientemente con la Ley 1122, se le fijó un límite a dicha integración y las EPS se acomodaron, pero resulta terrible que de un momento a otro se cambien las reglas del juego.
“Las EPS del contributivo, organizaron redes de primer nivel, para proveer servicios, lo importante es el servicio sin importar quién es el dueño, se debe procurar es la mejor respuesta al usuario”, puntualiza el directivo. De ser aprobada la medida afectaría a 900 centros médicos, 9.000 consultorios y cerca de 30.000 trabajadores.