Se conciliarían 60 mil pleitos contra el Estado rápidamente

Una demanda contra el antiguo Incora, por 700 billones de pesos, estaría a punto de resolverse.

Fernando Carrillo / Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Archivo Portafolio.co

Fernando Carrillo / Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

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agosto 09 de 2012 - 03:43 a.m.
2012-08-09

El panorama de la demandas contra el Estado es dramático.

Entre el 2000 y el 2011, el costo fiscal por sentencias y conciliaciones en este tipo de pleitos creció de 200.000 millones de pesos a 810.000 millones de pesos.

Se calcula que en el 2012 serán necesarios 964.000 millones para pagar los procesos, con un aumento del 19 por ciento frente al año anterior, pues del total de demandas, el Estado pierde entre el 75 y 80 por ciento de ellas.

Esto significa que el reto de la recién creada Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es grande.

A seis meses de estar funcionando la Agencia, ya se anuncian dos grandes procesos en bloque, que podrían marcar la diferencia frente a los mecanismos que hasta hoy se conocen en el manejo de asuntos jurídicos de este tipo, y que ahora buscan ser atendidos bajo un modelo de gerencia jurídica pública, como lo identifica Fernando Carrillo, director de la Agencia.

Se trata, primero, de un caso atípico que concentra un 70 por ciento del monto total de las demandas vigentes, que asciende hoy a los 700 billones de pesos, en un proceso que lleva ya 28 años.

“Este pleito en contra del antiguo Incora y que compromete a un número de familias en un tema de expropiación de tierras está en manos de la sección tercera del consejo de Estado, que tras pasar por la Procuraduría y acelerar acciones de fondo se espera se resuelva pronto, a favor del Estado, lo cual aliviaría sustancialmente el monto en demandas”, indica Carrillo.

Por otra parte, este es un hecho sin precedentes en el país en materia de conciliación con los demandantes, que estaría por anunciar próximamente el presidente Juan Manuel Santos.

Serían cerca de 60.000 procesos que saldrían del sistema, en un tema que tiene que ver con miembros de la fuerza pública del Ejército y la Policía en una “pretensión muy legítima de los militares correspondiente a la actualización salarial por el índice de precios al consumidor (IPC), apoyada por una sentencia de la Corte Constitucional, de mediados de la primera década de este siglo, pero que entre 1997 y 2004, no les había sido reconocida.

“Este trabajo, con un costo fiscal enorme, se ha venido definiendo con el Consejo de Estado, atendiendo a una conciencia fiscal de responsabilidad en tal caso”, dice el director de la Agencia.

LOS MÁS DEMANDADOS

Cabe decir que la Agencia, con autonomía administrativa y financiera, cuenta con un presupuesto para este año de 18.000 millones de pesos, de los cuales 10.000 son para gastos de funcionamiento, y con ello debe accionar la maquinaria para responder, en materia de conciliaciones y sentencias, al equivalente del 6 por ciento de la inversión pública prevista para el 2012, cifra igual que lo que suman los pleitos vigentes contra el Estado.

Asimismo, se conoce que a marzo de este año, existían unos 199.379 procesos activos contra 217 entidades del nivel nacional, con pretensiones estimadas por el orden de los 928 billones de pesos y un pasivo contingente de 426 billones.

Igualmente, “la Superintendencia Financiera, la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Seguro Social, este último con más de 70.000 demandas en curso, son las entidades con mayor registro de casos", indicó Carrillo.

Y los aspectos laborales, de protección social y defensa son los que concentran las temáticas de mayor índice en las demandas contra el Estado.

Estas cifras, como lo indica Fernando Carrillo, dejan ver que el "Estado se ha convertido en un barril sin fondo de las pretensiones de muchos, pero no quiero decir con ello que no existan solicitudes legítimas, porque hay funcionarios públicos que les causan daño al Estado y sus ciudadanos”.

SE REQUIERE UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN PARA EVITAR DEMANDAS

Dentro de los parámetros de acción de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que se cifran en tres aspectos base, la defensa jurídica de ese Estado; las políticas y estrategias para los lineamientos y protocolos de dicha defensa, los cuales no existen, y la gestión e información, como una herramienta que permitirá conocer la realidad sobre los procesos, están a su vez, los objetivos a corto y mediano plazo, para poner al Estado en materia de respuesta jurídica a la vanguardia de países del continente como Chile y Brasil, modelos guía para la estrategia nacional.

“Esperamos, en el corto plazo, comenzar a ganar la mitad de los procesos y, posteriormente, ganar la mayoría de ellos”.

Según Carrillo, la idea es prevenir, lo cual viene de la experiencia de los casos registrados; segundo, buscar, en aquellos procesos legítimos, conciliar y, finalmente, analizar los casos en los que vale la pena la defensa, porque son constitucionales y el Estado tiene todas las opciones de ganar.

Astrid López Arias

Economía y Negocios

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