Condenan a jueza que ordenaba millonarios pagos

Alba Estella Ramírez conminaba la entrega de costosos reajustes salariales en favor de pensionados. Pagará 20 años de cárcel.

Condenan a jueza que ordenaba millonarios pagos

Prensa Fiscalía General

Condenan a jueza que ordenaba millonarios pagos

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marzo 10 de 2014 - 11:58 p.m.
2014-03-10

Alba Estella Ramírez Vargas, exjueza Quinta Penal del Circuito de Ibagué, fue condenada el pasado sábado por la Sala Penal del Tribunal Superior a 21 años más 10 días de cárcel por beneficiar en cerca de 1.300 millones de pesos de pagos por pensiones a exfuncionarios de la Rama Judicial y a personas cercanas.

Con extensas pruebas, la Fiscalía encontró que esta abogada, de 53 años, a punto de lograr la pensión, aprovechaba “contactos” e influencias en las altas esferas judiciales para que los repartos de acciones de tutela llegarán a su despacho y fallar en favor de sus allegados.

La exjueza ordenaba el pago de costosos reajustes salariales en favor de pensionados, las afectadas con este descalabro financieros son entidades como Colpensiones y las liquidadas Cajanal y el Instituto del Seguro Social.

Tras ser capturada en noviembre del año anterior cuando salía del Palacio de Justicia de Ibagué, en el proceso se allanó a cargos por los delitos de prevaricato y cohecho y el fin de semana fue a parar a la cárcel Picaleña luego que el Tribunal Superior le negará el beneficio de la casa por cárcel que ostentaba por ser madre de un pequeño.

En uno de los fallos fraudulentos reconoció el régimen de transición pensional a un ciudadano y ordenó el pago de 531 millones de pesos que al parecer no tenía derecho. Otro de los pagos se hizo por 117 millones por lo que, en las audiencias, representantes de Colpensiones solicitaron detener el detrimento de las arcas pues continúan pagando a los beneficiarios de la exjueza.

La sala penal consideró que la funcionaria judicial incurrió en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción, por lo que, además, le ordenó el pago de una multa de 356 millones de pesos.

“Ramírez Vargas conocía que, bajo promesa remuneratoria aceptada, estaba ejecutando actos contrarios a sus deberes oficiales y a pesar de ello quiso hacerlo”, dice la sentencia, que calificó de reprochable su actuación.

Ramírez Vargas se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales pues se trata de establecer la posible participación de abogados y más personas en estos hechos.

Su última esperanza es la impugnación de la condena, que será definida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

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