'Conejazo' a la justicia

'Conejazo' a la justicia

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diciembre 21 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-12-21

La reforma a la justicia es un texto sin coherencia ni profundidad normativa. De la ambiciosa iniciativa anunciada por el Gobierno a principio del cuatrienio no quedó gran cosa. Tiene algunos aspectos que pueden contribuir a aclarar el desequilibrio de los poderes públicos. Pero no mucho más. Por el momento, el texto, lo único que ha producido es una crisis institucional de grandes proporciones. Resolver el problema de la crisis de la justicia requerirá años de trabajo concertado del Estado. Tiene que ser una política de largo plazo con objetivos estructurales que toquen, por ejemplo, la calidad de la formación de los abogados y jueces, la cultura jurídica de los ciudadanos y, como es obvio, el tema de los recursos para la Rama Judicial. Es evidente que los montos presupuestales no son suficientes para corregir la magnitud de los problemas de impunidad. También es claro que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no es el mejor esquema institucional para garantizar una eficiente distribución y ejecución de los recursos disponibles. Hay demasiadas dudas sobre la contratación y sobre la operación misma del presupuesto. No son abogados los que mejor pueden administrar los programas necesarios para modernizar la justicia. La rama requiere con urgencia gerencia y sistemas de evaluación de resultados, algo que, en la actualidad, adolece todo el sistema judicial. En la reforma a la justicia se incorpora un artículo en la Constitución que prevé que la justicia recibirá un reajuste anual de su presupuesto por lo menos equivalente a la inflación más el 2%. Adicionalmente, obtiene un simbólico 'bono' de un billón de pesos. Este artículo es inconveniente por tres razones. Es antitécnico, pues los porcentajes fijos no tienen en cuenta las necesidades reales, que son variables en el tiempo. La justicia requiere, en la etapa inicial, recursos superiores para enfrentar la morosidad que hoy supera los 2,2 millones de procesos represados. Pero después probablemente requerirá menos recursos, ya que habremos superado el cuello de botella del pasado. Es inconveniente porque en la Constitución, que debería ser una norma general, no deben incorporarse porcentajes presupuestales, puesto que el margen fiscal es variable y depende de la coyuntura macroeconómica. Pero sobre todo, esta norma es un verdadero 'conejazo' fiscal. Si la reforma se aprueba, los recursos de la rama disminuirán de manera significativa. En los últimos cinco años, la tasa de inflación ha estado en promedio en el 4,98% anual. Los aumentos del presupuesto de la rama judicial han sido, en promedio, 11,4% anual. Si hacemos el cálculo con estas cifras retroactivas, la rama habría recibido un 7% de incremento promedio en lugar del 11,4% que efectivamente recibió. Luego, la propuesta de la reforma lo que hará es debilitar aún más el presupuesto del sector judicial haciendo imposible lograr el objetivo de descongestión. Como siempre, los economistas de Hacienda les ganan la pelea a los abogados y magistrados. * * * * * Puntilla: finalmente vinieron los de la ETB el día 18. Tardaron dos días en arreglar el problema. Ahora empieza la pelea por lograr que no me cobren los días sin servicio. Veremos. *Profesor del Cesa representante@miguelgomez martinez.com Miguel Gómez Martínez*

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