La congestión judicial en el país asusta la inversión

Las cifras son contundentes: las 401.498 tutelas que se presentaron entre enero del 2004 y septiembre del 2005, son apenas una muestra de la congestión que registra el sistema judicial en el país, y que hacen que Colombia sea poco atractivo para la inversión, la actividad empresarial y la innovación.(VER GRAFICO)

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agosto 31 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-31

Pero hay más. Para empresarios y expertos, el sistema judicial del país no es independiente de los intereses particulares, la integridad del sistema legal es deplorable y la presencia de las fuerzas militares en la política es fuerte y nociva para la libertad económica. Estas características, según una encuesta que realizó Fraser Institute de Canadá en 2005, y que cita Fedesarrollo para hacer un análisis de la propuesta de reforma a la Justicia, ubican a Colombia en el puesto 105 entre 127 naciones analizadas, con una calificación de 3,2. (Calificación es de 0 a 10, donde 10 es la calificación idónea). “El sistema actual es un desincentivo a la inversión y por tanto, una traba al desarrollo económico”, señala Fedesarrollo en su análisis. En él señala una serie de problemas que enredan la Justicia en el país y que se tratan de solucionar a través del proyecto de reforma a la Justicia que presentó el Gobierno al Congreso en julio pasado. Para empezar, está el ‘abuso’ de la figura de la tutela (ver gráfico), lo que congestiona innecesariamente los despachos judiciales. Según cifras de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el 2004 ese despacho conoció 3.435 tutelas, de las cuales el 91 por ciento fueron negadas. Esto refleja que la tutela dejó de ser la vía excepcional y urgente para convertirse en el mecanismo habitual de solución de conflictos sociales. De las 401.498 tutelas contabilizadas entre enero de 2004 y septiembre de 2005, más de 198.000 corresponden a tutelas para proteger el derecho a la salud, la vida, la seguridad social y el mínimo vital. Para Fedesarrollo, la protección a estos derechos también trae costos para el Estado, que no cuantifica, pero que además implica que son los jueces y no las autoridades administrativas las que terminan decidiendo la destinación específica de recursos del presupuesto. “Eso genera problemas en la determinación ordenada del gasto público”, señala Fedesarrollo. OTROS PROBLEMAS También congestiona el sistema judicial los secuestros y embargos que deben realizar los jueces, pero que, para Fedesarrollo, se pueden delegar en otros funcionarios. Se cuentan las acciones populares con las que se protegen los derechos colectivos como el medio ambiente y los derechos de los consumidores.

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