Congreso perdió pleito por impuesto inconstitucional

El Legislativo le deberá responder a Goodyear por norma que desconoció la Carta del 91.

El fallo señala que el Congreso debe respetar la Constitución.

Archivo Portafolio.co

El fallo señala que el Congreso debe respetar la Constitución.

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abril 09 de 2014 - 03:48 a.m.
2014-04-09

El Congreso de la República tendrá que pagar a la multinacional Goodyear 1.443 millones de pesos por los daños que le ocasionó a la empresa la aprobación de un artículo de la reforma tributaria del 2000, que creaba un impuesto a las importaciones.

El Consejo de Estado consideró que el Congreso aprobó una ley que era inconstitucional -que de hecho se cayó un año después en la revisión de la Corte Constitucional- y ordenó que se le devuelvan a la multinacional los 831 millones de pesos que alcanzó a pagar a la Dian en los diez meses que estuvo vigente la norma; además, una indemnización por los daños ocasionados.

El caso está relacionado con la tasa especial para los servicios aduaneros, que fue creada durante la administración del entonces presidente Andrés Pastrana. La norma obligaba a las empresas a pagar por los bienes que entraban al país un equivalente al 1,2 por ciento de su valor FOB, puesto en puerto de embarque.

En septiembre del 2001, la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil, determinó que ese artículo no se ajusta a la normatividad nacional y lo declaró inexequible.

En el fallo del Consejo de Estado, los magistrados señalan que el Congreso cometió una falla del servicio al aprobar esa norma y advirtió que todas las entidades del Estado, incluyendo el Legislativo, están obligadas a acatar el respeto por la Constitución.

“Nadie está obligado a soportar las consecuencias adversas de una norma que nació a la vida jurídica contrariando la Constitución, pues ello sería desdibujar el principio de la supremacía constitucional, que constituye la piedra angular de nuestro ordenamiento jurídico.

Los ciudadanos, y es apenas lógico, esperan legítimamente, con fundamento en el principio de confianza legítima, que el legislador expida normas que se ajusten al texto constitucional”, se lee en el fallo.

A PAGAR LA CONSECUENCIA DE LA NORMA

Los magistrados consideraron que, aunque tradicionalmente la Corte Constitucional, sobre la base de la seguridad jurídica, ha dicho que las sentencias de constitucionalidad solo pueden tener efectos hacia el futuro, eso no obsta para que los afectados puedan acceder a la reparación del perjuicio causado.

Advierte además que con el fallo no se está planteando una lucha de poderes.

El Consejo de Estado aclaró que aunque quien recibió el dinero de la empresa fue la Dian, solo lo hizo como parte de su función, y quien aprobó la norma fue el Congreso, por lo que es el Legislativo el que debe devolver el dinero.

Justicia

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