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La consolidación del modelo pro-rico

La consolidación del modelo pro-rico

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septiembre 30 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-09-30

Por fortuna ya empiezan a realizarse los balances sobre quiénes han sido los beneficiarios del crecimiento registrado por la economía colombiana en los últimos años. Y no son elaborados por la oposición, sino por distintos medios de comunicación y por analistas, algunos de ellos reconocidos ex funcionarios de este Gobierno. Cada día se dispone de más evidencias sobre los resultados de la fórmula Seguridad Democrática, confianza inversionista, crecimiento económico, empleo y cohesión social.

La importancia de esta evaluación en el momento actual radica en que el presidente Uribe insiste en que esta ecuación, sin ningún cambio, debe ser reelegida, en cabeza suya o en la de quien mejor garantice su continuidad. Es fundamental, por consiguiente, responder a la pregunta de quién fue el verdadero ganador para definir, de una vez por todas, si la recomendación en la que insiste el señor Presidente es la mejor para el futuro del país.

Un tema adicional debe tenerse en cuenta: es evidente que el período de alto crecimiento resultó ser más corto de lo esperado, de manera que ahora, cuando la economía empieza a desacelerarse, es muy probable que se reduzcan las posibilidades de mejorar la calidad de vida de amplios sectores de la población. Es decir, lo que no se logró en estos cinco años, difícilmente se alcanzará en el período que ya comenzó.

Nadie niega que la combinación de la política de Seguridad Democrática con el período de crecimiento mundial permitió una expansión significativa de la economía colombiana. Sin embargo, es evidente que el país registra un crecimiento sin empleo y que no se dieron los cambios esperados ni en pobreza ni en formación de capital humano en los sectores más débiles de la sociedad colombiana. El mejor indicador para entender quién ganó y quién perdió, lo ofrecen los últimos informes de la Cepal, Panorama Social en América Latina de los años 2006 y 2007. Según este documento, Colombia es el único de la región que empeoró sus niveles de desigualdad en años recientes, al pasar de ser un país de desigualdad alta con un coeficiente de Gini de 0,57 en el período 2000-2002, a uno de desigualdad muy alta con un Gini de 0,58 entre 2002-2005. Contrasta esta situación con la de Perú, que mejoró sustantivamente y hoy se ubica como un país de desigualdad media. Lo mismo se puede decir del caso de Venezuela, que en medio de sus dificultades mejoró su distribución de ingreso, al igual que Brasil, Argentina y la mayoría de los otros países de la Región. Los que no mejoraron, como Bolivia y Ecuador, tampoco aumentaron su concentración de ingresos.

Pero la situación es aún más seria. Una información adicional de la Cepal aclara quiénes ganaron y quiénes perdieron en Colombia en este período de expansión económica. Un análisis sobre el comportamiento de la brecha de ingresos entre el 40 por ciento más pobre frente al 10 por ciento más rico en dos períodos, 1998-1999 y 2003-2005, demuestra que fueron los ricos los más favorecidos con el crecimiento económico reciente. Cuando la economía colombiana estaba en crisis a finales del siglo pasado, era menor la brecha entre ricos y pobres, pero ésta aumentó significativamente entre 2003 y 2005. En ese momento, el ingreso del 10 por ciento más rico llegó a ser casi 25 veces más que el del 40 por ciento más pobre. Se confirma, entonces, la tesis de que el crecimiento económico es necesario, pero no suficiente para mejorar la distribución del ingreso. Pero, ¿qué ha permitido que en los últimos años de alto crecimiento en vez de mejorar relativamente el ingreso de los pobres hayan aumentado las diferencias en una sociedad tan desigual como la colombiana?
El tema son las políticas tanto económicas como sociales que desarrolló esta administración. Hoy es evidente que la confianza inversionista a todo costo, que justificó el millonario apoyo al capital, puso en desventaja al recurso más abundante del país: la mano de obra. Esta confianza tampoco logró suficiente empleo y, menos aún, empleo decente. Pero además, la política social, empecinada en la universalización de la educación y la salud sin calidad y las limosnas para los más pobres, representada en programas como Familias en Acción y otros similares, no logró compensar los desequilibrios generados por las estrategias económicas que siempre vieron al empresario como el gran dinamizador de la economía y modernizador de la sociedad. La ecuación presidencial nunca se completó, porque no se generó el empleo esperado y, como lo demuestra la Cepal, por la poca o nula cohesión social que se logró. Se consolidó lo que se había anunciado: este Gobierno ha tenido un modelo pro-rico. La pregunta de fondo que debe plantearse todo el país en esta coyuntura pre-electoral es si esto es lo que se requiere de aquí en adelante.

Es el momento de darle un viraje al modelo de desarrollo tanto en las estrategias económicas como en las políticas sociales. Sobre las primeras lo acaba de decir José Antonio Ocampo, uno de los mejores economistas colombianos. Ocampo sostiene que se requieren políticas productivas que permitan lo que otros denominan la esperada transformación económica: condición necesaria para que el país se convierta en un actor que compita con éxito en los mercados nacionales y mundiales. Como nota adicional debe agregarse que los mismos empresarios han reconocido que la sola Seguridad Democrática ya no es suficiente para impulsar el crecimiento de la economía.

Pero el debate necesita un elemento adicional: es impostergable la necesidad de replantear las políticas sociales actuales. Por ello, es fundamental que por fin se haya iniciado en el Senado el debate sobre la familia de leyes de Transformación Social. Lo que se busca con estos proyectos es darle un marco distinto a las políticas del Estado y orientarlas hacia los derechos sociales y económicos de los colombianos, consagrados en la Constitución del 91. Un paquete de servicios esenciales de igual calidad para todos los ciudadanos de manera que se avance en la garantía de un mínimo vital, sería el primer resultado de aprobarse la primera de esta familia de leyes. Así se empieza a construir capital humano y a generar la mejor mano de obra que se requiere: no es con limosnas, que no cambian la triste realidad de que en Colombia la educación y la salud siguen siendo pobres para los pobres. Las otras leyes impulsarán los cambios institucionales para que la población no tenga solo la tutela como único instrumento para el cumplimiento de sus derechos. Para que ésta cuente con mecanismos de exigibilidad y así se haga realidad el paquete de prestaciones esenciales. Por último, la decisión de la Corte Constitucional que reconoce que la salud es un derecho fundamental, acabó con el argumento de que estos proyectos de ley son inconstitucionales.

La conclusión es, que dados los resultados de las políticas actuales del Gobierno, las cuales han construido y consolidado un modelo de desarrollo pro-rico, sería absolutamente contraproducente reelegir la Seguridad Democrática y la confianza inversionista en vez de construir una nueva agenda de desarrollo que promueva la transformación productiva y la transformación social. Hoy la situación es distinta a la que se tenía en 2002, lo que implica que las políticas no pueden ni deben ser las mismas.

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