Consultas previas, el palo en la rueda de las obras

Gremio de la ingeniería denuncia intereses oscuros detrás de comunidades que frenan vías. Se necesita una ley estatutaria.

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mayo 10 de 2014 - 12:51 a.m.
2014-05-10

“Hay intereses políticos, mafiosos, paramilitares y de la guerrilla que se estarían disfrazando de comunidades para oponerse a la construcción de infraestructura en el país, y así chantajear al Estado”.

Así lo denunció el presidente de Cámara Colombia de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, durante el conversatorio Infraestructura, desarrollo y medio ambiente, realizado ayer por el programa radial Hora 20 de Caracol.

“Están saliendo literalmente ‘debajo de las piedras’, por eso es necesario hacer una ley estaturia para regularlas y diseñar un mapa de comunidades. Se necesita un inventario”, afirmó.

El Ministerio del Interior ya tiene el borrador de la norma que tendría que pasar los cuatro debates en el Congreso y la revisión de la Corte Constitucional antes de convertirse en ley.

“Cómo es posible que en la Ruta del Sol sector 3, que comunica el interior del país con los puertos de la Costa, haya demorado 4 años para una consulta previa con 13 comunidades, que no estaban cuando se adjudicó el contrato”, preguntó la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa.

La alta funcionaria aseguró que casos similares se repiten en otros proyectos. “Recientemente, en la vía Buenaventura una tutela de una nueva comunidad paró una obra que iba a buen ritmo”, dijo.

María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte de Ecuador, comentó que en los 7 años que estuvo en el gobierno se diseñó una salida para que las consultas previas no afecten las obras.

“Es el decreto 451 para que los proyectos sean integrales y se fija compensaciones si las obras afectan a las comunidades. Si la carretera pasa por la mitad de las comunidades, el contratista debe hacer toda la infraestructura sanitaria y eléctrica. Si pasa a pocos kilómetros, deberá hacer las vías de acceso para las comunidades”, explicó Duarte.

Este proyecto también estableció que en toda obra pública vial de Ecuador debe haber tres turnos diarios de trabajo, siete días a la semana, y al menos dos frentes de obra, para evitar el retraso de la construcción.

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