El contexto de AIS

Desde el ‘cuarto de al lado’ de la negociación del TLC con E.U., clamábamos algunos por masivos apoyos directos al campo, a la manera del programa mexicano Procampo, para compensar el impacto negativo esperado y facilitar su reconversión tecnológica. Nos decepcionaban, por módicos, los $500.000 millones anuales anunciados para AIS: equivalían a la mitad del Procampo original (1994), como porcentaje de sendos PIB.

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abril 29 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-04-29

Pecábamos por ingenuos. Los accidentados intentos oficiales por priorizar al pequeño agricultor como población objetivo del desarrollo rural pierden fuerza tras el traslado del programa DRI-PAN de Planeación Nacional a Minagricultura bajo Betancur (1983) y su conversión en Fondo DRI (Ley 47: 1985). La recuperan localmente con el PNR (1984-1994) y el Programa de Desarrollo Integral Campesino en su segunda fase (1995-1996), tras los cuales decae nuevamente. Los entes ejecutores dependían de un ‘actor local’ para involucrar al productor campesino: municipio o cabildo y sendos Consejos Comunales (DRI, PNR). Gradualmente, mengua esta intermediación participativa. La ‘inconexión’ institucional se agravó con el tiempo, supliéndola cada vez más la clase dirigente rural. Era una cantidad conocida, con claras ventajas para el Gobierno de turno: podía aportarle su apoyo en el Congreso, los departamentos y la política para corresponderle los auxilios que recibía. Se creía además que sus dotes empresariales harían innecesaria una injerencia oficial en el manejo de los recursos: bastaba confiárselos al empresario agrícola, con subsidio y todo, para que los pusiera a dar fruto. Era cuantioso tanto el subsidio (40 por ciento en el caso del ICR) como la “concentración de los dineros públicos en personas, cultivos y departamentos”, tratárase del ICR, Fondo Agropecuario de Garantías o AIS (senador Jorge Robledo, en entrevista del 19 de enero del 2010). A todo ello se suma el fenómeno del desplazamiento: significativo en la década que se inicia a mediados de los ochenta (72.800 personas-año: informe de Natalia Springer para Acnur), se cuadriplica en la siguiente (Ibíd.), por la lucha de los grupos violentos para establecer corredores de seguridad, armas y droga. En cuanto menos población moraba, tanto más ‘seguro’ el corredor y más tierras también para apropiar. El siglo pasado terminó con 15.3 millones de pobladores rurales (OIT/Cinterfor). Para mediados del 2005, según el Censo, no eran más que 11.0 millones (censados: 10.0; extrapolados: 1.0), para una caída aparente de 4.3 millones. Ésta es congruente con el desplazamiento interno registrado hasta hoy (Gobierno: 3.3 millones; Codhes: 4.2). Para llenar el correspondiente vacío humano y político en la entrega de ayudas al agro, se hizo más necesario que nunca acudir a su dirigencia, ahora ‘recompuesta’ por el conflicto y –dependiendo del lugar– contaminada por la ‘parapolítica’. Algo semejante ocurre con Procampo en zonas de influencia mafiosa de México. Al escándalo público acerca del beneficio a pudientes y seguidores del Gobierno se suma el de la idoneidad de algunos beneficiarios y sus ‘maniobras fraudulentas’ para calificar: testaferrato y subdivisión de predios entre personas naturales o jurídicas distintas. Para los observadores menos ingenuos, este cuadro desborda la responsabilidad de un sólo gobierno o ministro: refleja una vieja tendencia en las estrategias oficiales de desarrollo rural, predeciblemente redimensionada y descaminada por nuestro sistema político y conflicto interno. "Al escándalo público acerca del beneficio a pudientes y seguidores del Gobierno se suma el de la idoneidad de algunos beneficiarios y sus ‘maniobras fraudulentas’".tomasuribemosquera@gmail.com *Consultor internacional ADRVEG