Contraloría pide regular gastos de la Rama Judicial

En ente de control pone como ejemplo que, mientras un ministro gana 14,2 millones de pesos al mes, un magistrado devenga $27,8 millones.

Magistrados

Felipe Caicedo

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Finanzas
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febrero 04 de 2015 - 05:13 p.m.
2015-02-04

La Contraloría General de la República urgió al Gobierno controlar los gastos permanentes que restringen el margen de maniobra de las finanzas públicas, como es el caso de las modificaciones salariales y presupuestales que han favorecido a la Rama Judicial y han implicado un crecimiento de $2,6  billones en sus gastos de funcionamiento desde 1993.

Para el organismo de control, esta clase de gastos recurrentes pone en riesgo no solo el control del déficit fiscal, sino la proyección y realización de inversiones públicas de alto impacto social en el mediano plazo.

Ese incremento sobre la remuneración modificó la escala salarial de los funcionarios y empleados. Incluso con dichos aumentos los salarios de la Rama están por encima de lo que se percibe en el Ejecutivo: Por ejemplo, un Ministro recibe por ingresos mensuales $14,2 millones mientras un Magistrado devenga $27,8 millones.

En total la bonificación de 2013 ha costado $1,3 billones a 2014 y se estima pasará los $2 billones en 2018. Esto implica llevar los gastos de personal de la Rama Judicial a niveles superiores a los $2,8 billones en 2018, sin tener en cuenta que a la Fiscalía se le aprobó una reestructuración de $1,08 billones.

En las actuales condiciones económicas es necesario que el Gobierno controle dichos gastos, enfatizó la Contraloría en el Boletín Macro Fiscal No. 4, dedicado a analizar las modificaciones presupuestales que se han incorporado de forma permanente para la Rama Judicial.

Este es el primero de varios análisis que sobre el gasto público sectorial adelantará la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas, con el objeto de vigilar el comportamiento de aquellos gastos que se vuelven permanentes.

CRECIMIENTO PRESUPUESTAL

Uno de los sectores en los que más se han incorporado gastos recurrentes es la Rama Judicial, debido a la alta participación de los gastos de personal en el presupuesto y a las mejoras salariales que se han otorgado.

El crecimiento promedio del presupuesto de la Rama en el último cuatrienio (13%) estuvo por encima de la senda del crecimiento presupuestal de educación (8%) y de salud (11%).

En los últimos 10 años la Rama ha recibido $1,7 billones para pagos de beneficios adicionales al salario. Y entre el 2010 y 2015, su presupuesto casi se duplicó, pasando de $1,8 billones a $3.3 billones.

También se resalta del presupuesto de la Rama la alta participación de los gastos de personal. Por ejemplo en 2014 este rubro representó un 82% del presupuesto, implicando que las modificaciones salariales de la Rama se vuelvan determinantes, no solo para el presupuesto de este poder público sino para el total del gasto público nacional.

En el Presupuesto de la Nación para 2015, los gastos de personal tuvieron un aumento adicional de $1.03 billones de los cuales el 54% ($564 mil millones) son para la Rama Judicial.

MEJORAS SALARIALES

El Boletín Macro Fiscal No. 4 hace un repaso de los hitos más importantes que ha tenido la Rama Judicial en materia de cambios salariales, iniciando con el régimen de 1993, donde los gastos de personal pasaron de $667 mil millones a $1,13 billones en tan solo un año, siguiendo con la bonificaciones y primas que se establecieron desde 1998 hasta el 2005, y finalizando con los incrementos que resultaron de los paros de 2006, 2008 y 2012.

Las bonificaciones otorgadas desde 1998 fueron generando diferencias entre los  ingresos anuales de los servidores de la Rama Judicial, ya que abrían una brecha especialmente entre los magistrados de tribunal y los jueces, lo cual llevó al paro de 2012.

El 11 de octubre de 2012 inició dicho paro, dando lugar a negociaciones con el Gobierno Nacional acordando que el Estado dispondría de $1,22 billones para un ajuste salarial de funcionarios y empleados de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, distribuidos entre las vigencias 2013-2018.

Con información de la Contraloría General de la República