Una medida que hasta el momento sólo aplicaba la Procuraduría General, de realizar procesos verbales para agilizar el trámite de una investigación, fue aprobada en el Estatuto Anticorrupción y permitirá también a las contralorías territoriales agilizar sus procesos.
La propuesta, introducida por la Auditoría General, le da mayores alcances al control fiscal que adelantan las contralorías locales y la General, las cuales tienen 10.630 procesos en curso por un valor de 3,4 billones de pesos. Los organismos de control podrán hacer seguimiento a los bienes de los procesados.