Contratistas, molestos por fórmula del asfalto; decisión afectará la ejecución de obras durante el año

Se trata del ajuste anunciado por Ecopetrol en el precio del asfalto, de 10 por ciento en febrero, pero con un incremento mayor y escalonado para el resto del año, hasta alcanzar el 37 por ciento.

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enero 15 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-01-15

La medida no cayó bien en los contratistas que se encargan de construir y mantener las vías en el país.

El incremento, explicado el jueves pasado por el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, fue confirmado por la compañía petrolera, la única proveedora de ese insumo en el país.

"Hay muchos proyectos donde se está pavimentando y el asfalto es una materia prima que tiene una incidencia muy alta en la obra. En un concreto asfáltico, ese insumo alcanza el 50 por ciento del valor de los materiales", dice Carlos Alberto Solarte, representante del Consorcio Vial Helios, grupo al que se le adjudicó el sector 1 de la Ruta del Sol. Para los empresarios, el aumento se sale de las previsiones y los términos contractuales establecidos en las concesiones.

"Ecopetrol y el Gobierno Nacional deben entender que dicha alza desborda, de manera excesiva, los incrementos previstos jurídicamente en los contratos de las obras en ejecución", dice el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer.

Agrega que, en el caso de las concesiones, las alzas se han fundamentado sólo en el IPC (2 por ciento para el 2009). El asunto tampoco ha caído bien en el Ministerio de Transporte. El Jefe de esa cartera señala que "con la Cámara de la Infraestructura hemos hecho causa común. La Cámara no está satisfecha con ese incremento y la verdad es que el ajuste es alto".

El aumento en el precio del asfalto se debe al incremento de las cotizaciones internacionales de crudo, que hoy rondan los 80 dólares por barril, así como del fuel oil, un combustible que se utiliza en su fabricación.

Desfase debe ser revisado

La Cámara Colombiana de la Infraestructura sostiene que el Gobierno debe estudiar una solución urgente que permita compensar el desfase que se presentará en los contratos que están en plena ejecución, por cuenta de un asfalto más caro.

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