Los contratos no son facturas

El numeral 2º del Artículo 5 del Decreto 3050 de 1997 establece que constituyen documentos equivalentes a las facturas, los contratos celebrados con extranjeros sin residencia o domicilio en el país, en cuyo caso para la procedencia del IVA descontable se debe acreditar, adicionalmente, que se ha practicado la respectiva retención en la fuente.

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mayo 16 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-05-16

En virtud de esta norma se había considerado que solamente el contrato celebrado con la sociedad o persona no domiciliada en el país para la prestación de servicios, es el documento equivalente a la factura para soportar el derecho a impuestos descontables, además de la acreditación del pago de la correspondiente retención. Sin embargo, en la sentencia del 3 de marzo del 2011 correspondiente al expediente 1358, el Consejo expuso que si bien el contrato es el medio legal idóneo para probar las operaciones con proveedores de servicios extranjeros, ello no le resta valor probatorio a otros documentos, como la factura, dado que la norma reglamentaria equiparó el contrato a aquella, en los siguientes términos: "En conclusión, aunque el contrato determina la existencia del hecho generador de IVA (para el caso prestación de servicios), las facturas y los certificados de retención son los que prueban la retención en la fuente por dicho impuesto. Así, las operaciones con no residentes o no domiciliados en Colombia que originen el derecho a reclamar impuestos descontables pueden soportarse en facturas que den certeza de dichas operaciones y estén debidamente contabilizadas". Este fallo reitera su tesis expuesta en sentencia del 12 de febrero del 2010, expediente 16696, y precisa que las facturas deben dar certeza de tales operaciones, independientemente de que no estén sometidas a los requisitos de la ley colombiana, en virtud del principio de territorialidad. Este pronunciamiento se dio en un caso en el que las súplicas del demandante fueron denegadas debido a que las facturas que soportaban los servicios estaban en idioma diferente al castellano, por lo que no fueron apreciadas como prueba, como quiera que de acuerdo con lo señalado en el Artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. Esta irregularidad no fue subsanada ni en el curso del proceso administrativo, ni con ocasión de la demanda, sino en los alegatos de conclusión en segunda instancia, hecho que el Consejo de Estado consideró inadmisible y lo llevó a concluir que las facturas en otro idioma no acreditaron suficientemente el derecho de la demandante para reclamar los impuestos descontables originados en operaciones adelantadas con no residentes o no domiciliados en Colombia.HELGON

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