Conveniente, pero inoportuna

Vuelve la ‘feria de propuestas en relación con la administración de justicia. Una y otra vez, en el curso de los últimos cincuenta años, se ha recurrido al mecanismo de cambiar la Constitución con el pretexto de lograr el objetivo de una pronta y cumplida justicia. La Constitución de 1991 -para no ir muy lejos en el tiempo-, fue prodiga en materia de cambios sobre el aparato judicial. Entre otros organismos, creó la Fiscalía General de la Nación, el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional. De la misma manera, estableció nuevos sistemas para la elección de magistrados de las altas cortes y de los llamados organismos de control.

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julio 23 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-23

Ahora fluyen nuevas propuestas. Ante el fracaso de lo que pomposamente se dio en llamar la ‘reforma política’, el Gobierno creó una comisión de expertos juristas y políticos para que preparara un proyecto de reforma que presentaría el 20 julio. Pero la liebre saltó por otro lado. El Ministro del Interior y de Justicia -no sabemos si para quitarle protagonismo a quienes se conoce como ‘los notables’- presentó su propio catálogo de reformas en materia judicial y política. Ahora se quiere reformar la carta en dos materias cruciales. De un lado, se establece la doble instancia para la investigación y juzgamiento de los parlamentarios y de otro, se contempla el mismo mecanismo para las hipótesis de pérdida de investidura -muerte política- ante el Consejo de Estado. Hay que decir, que nada tienen de extravagante las dos iniciativas gubernamentales. Si bien es cierto que el fuero ante la Corte de los congresistas, en cierta forma, es una garantía; también lo es, como principio universal de las leyes penales, que todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por lo menos en dos instancias diferentes. Aquí existe el agravante de que este es el único caso en el que no están separadas las funciones de acusación y juzgamiento, como quiera que el juez que abre la investigación es el mismo que dicta la medida de aseguramiento, profiere la resolución de acusación y emite la sentencia definitiva. Lo mismo ocurre con el caso de pérdida de investidura por utilización indebida de fondos públicos o violación del régimen sobre conflicto de intereses entre otros casos; evento en el cual, en única instancia, el Consejo de Estado decide sin lugar a recurso alguno sobre la muerte política. En el terreno teórico, ambas propuestas gubernamentales son convenientes, pero inoportunas. Cuando hay tal cantidad de congresistas en la cárcel o investigados por la Corte por ‘parapolítica’, ‘farcpolítica’ o ‘Yidis política’, no es de buen recibo cambiar esas normas sobre investigación y juzgamiento que podrían ser interpretadas por la opinión pública como una especie de ‘salvavidas gubernamental’ a sus socios políticos, que en un altísimo porcentaje son los congresistas enredados judicialmente. Muchos de los actuales parlamentarios están en sus curules, porque los principales de la lista están privados de la libertad. Otros están llamados a versión libre o a indagatoria. Hay otros en lista de espera. Una reforma como la del ministro Valencia Cossio, presentada ante un Congreso como el actual, tendría serias dificultades en su trámite. Probablemente, un número considerable de legisladores tendría que declararse impedidos, pues la reforma podría favorecerlos directamente a ellos, o a sus aliados políticos. No es este el mejor momento para innovar en materia de competencias de la Corte y el Consejo de Estado en relación con los parlamentarios. Habría que esperar una época ‘fría’ -es decir, sin tantos padres de la patria presos- para que sin dificultad se pueda tramitar una reforma como ésta, que teóricamente tiene toda la justificación posible. gomezgomezabogados@cable.net.co ''Si bien es cierto que el fuero ante la Corte de los congresistas, en cierta forma, es una garantía; también lo es, como principio universal de las leyes penales.WILABR

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