Cortar el nudo

Cortar el nudo

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octubre 24 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-10-24

Un reciente fallo de la Corte Constitucional, que aclaró que los jueces competentes debían terminar los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes de la entrada en vigencia de la ley 546 de 1999, volvió a poner sobre el tapete el crédito con destino a vivienda y su viabilidad en el largo plazo. El tema es fundamental por diferentes razones. En primer lugar, es indudable que la buena marcha del sector de la construcción es definitiva para la economía como un todo, tal como lo revelan las cifras de crecimiento durante la primera mitad del año. También es claro que un buen ritmo en este sector garantiza la contratación de mano de obra poco calificada, en un país con niveles todavía muy elevados de desempleo. Adicionalmente, la consecución de una vivienda garantiza la estabilidad familiar y el compromiso de los nuevos propietarios con la calidad de vida en su respectiva ciudad. Aunque el ritmo edificador ya no es el mismo de hace unos meses, a primera vista no habría motivo de preocupación en la actividad, pues la cartera hipotecaria llegó a 14,8 billones de pesos al cierre del primer semestre, confirmando una tendencia francamente ascendente. No obstante, si bien los préstamos hipotecarios vienen creciendo a un ritmo importante, cercano al 20 por ciento anual, es indudable que hay un cambio innegable por parte de los deudores que después de la crisis de finales de la década pasada han empezado a preferir endeudarse a tasa fija. De hecho, en lo que va corrido del año y hasta el mes de septiembre, los desembolsos de créditos en pesos equivalen al 78 por ciento del total, mientras el saldo ha sido en UVR. Así las cosas, todo indica que los litigios judiciales derivados de la crisis del desaparecido Upac parecen mantener en jaque al nuevo sistema de financiación de vivienda creado hace apenas ocho años, a pesar de que éste tiene claras bondades, particularmente en un esquema de baja inflación como el actual. Pero además de eso, es indiscutible que el sector carga un pesado fardo. Los datos compilados por la Asociación Bancaria muestran que a la fecha hay más de 36 mil procesos ejecutivos a cargo de entidades financieras por cuenta de créditos desembolsados antes del año 2000. Y en casi la mitad de esos litigios, 44 por ciento para ser exactos, se discuten controversias relacionadas con la reliquidación de los créditos que en su momento ordenó la ley 546. Los deudores alegan, en la mayoría de los casos, que la reliquidación se hizo de manera equivocada. Sin entrar a discutir sobre la validez de los argumentos esgrimidos por quienes demandan, lo cierto es que la justicia viene sufriendo un desgaste monumental y, lo peor de todo, se está afectando la credibilidad del nuevo sistema de financiación de vivienda, fundamental para el crecimiento sostenido de la economía. Por ello sería oportuno que se discuta la conveniencia de incluir en la agenda legislativa una propuesta para que la ley, de una vez por todas, defina estas controversias que nacen, en la mayoría de las veces, de interpretaciones diversas de los fallos de la Corte Constitucional. Una propuesta reciente es que sea la Superintendencia Financiera la que establezca de manera inobjetable si las reliquidaciones se hicieron adecuadamente. Aunque en un primer momento dicha decisión le trasladaría al ente mencionado una carga de trabajo apreciable, es indudable que liberaría al juez de conocimiento de la difícil tarea de revisar complicados cálculos y de acudir a peritos que, en muchos casos, no tienen un pleno conocimiento en materia contable o métodos de amortización. Esto permitiría estandarizar y unificar criterios en torno a un tema que lleva demasiados años en el limbo o bajo la sombra de dudas por cuenta de decisiones tomadas por quienes conocen más de códigos que de matemáticas financieras. Pero además liberaría a deudores y entidades de crédito de una incertidumbre que no resulta buena para ninguna de las dos partes. En resumen, hay que cortar un nudo gordiano que ha sido imposible desatar hasta ahora. Hay que estudiar la propuesta para que sea la Superfinanciera la encargada de establecer si los créditos antiguos de vivienda han sido liquidados correctamente”.

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