La Corte dio el visto bueno a ley de estabilidad para inversionistas

La Corte Constitucional sentenció que el Estado colombiano no podrá introducir ningún cambio repentino en la legislación aplicable a los negocios de aquellos inversionistas, nacionales o extranjeros, promotores en el país de proyectos que superen los 7.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (hoy, 3.060 millones de pesos) y que estén amparados en los contratos de estabilidad jurídica.

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mayo 16 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-05-16

Así lo dijo la Corte al respaldar, por 6 votos contra 3, los pilares de la Ley de Estabilidad Jurídica -Ley 963 de 2005- que le permite al Gobierno Nacional preservar las reglas legales bajo las cuales los empresarios den vía libre a nuevas actividades productivas. El objetivo se logra con la celebración de un contrato -llamado de estabilidad jurídica- entre el particular y el Gobierno. La tesis de la Corte es que el Congreso de la República no violó el derecho a la igualdad porque tiene libertad al configurar las leyes y al hacer prevalecer la intervención legítima del Estado en la dirección general de la economía. Es más, para la Corte, los contratos de estabilidad jurídica contribuyen a acabar con la desconfianza de los inversionistas originada en la modificación súbita de la legislación. A juicio de la corporación: “El propósito del Congreso está representado por la conveniencia de atraer capitales para destinarlos a actividades consideradas estratégicas dentro del sistema económico colombiano. Con el propósito de generar un ambiente de confianza favorable a los inversionistas -explicó la Corte-, el legislador creó los contratos de estabilidad jurídica, los cuales resultan ajustados a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Carta Política (igualdad), en cuanto sus fines y medidas son legítimos, como también éstas son adecuadas al propósito previsto por el legislador”, advierte el fallo del alto tribunal. ‘Congreso no violó principio de igualdad’ No obstante, la Corte aclaró que el establecimiento de una normatividad que implique diferenciación no acarrea per sé violación del principio de igualdad, cuando la diversidad de trato tiene un fundamento objetivo y razonable de acuerdo con la finalidad buscada por el legislador. En palabras de la corporación: “La legitimidad de las medidas adoptadas mediante esta Ley, relacionadas todas con la creación de los contratos de estabilidad jurídica, queda de manifiesto si se tiene en cuenta que la Carta Política autoriza al Estado para asumir la dirección general de la economía”. Así, la Corte explicó que el Estado cuenta con diversas formas de intervención en la economía. Y una de ellas, precisamente, es la legislativa a través de la cual puede fomentar actividades en las que tenga especial interés como ocurrió con la de Ley de Estabilidad Jurídica, cuyo proyecto radicó el Gobierno ante el Congreso. Por ello, el Congreso de la República, dijo el alto tribunal, cuando se propone estimular el circuito económico puede válidamente escoger a los destinatarios de las normas y, por ende, de las medidas que adoptará. “A pesar del carácter general y abstracto de la ley, -añadió la Corte- en situaciones como las referidas en el asunto bajo examen, sólo un determinado sector de la sociedad dedica sus esfuerzos a obtener recursos financieros para invertirlos en aquellas actividades legalmente permitidas y económicamente susceptibles de estímulo estatal”. Para la corporación, la Ley 963 de 2005, que procura promover las inversiones en Colombia, tiene como destinatarias a personas dedicadas a invertir recursos económicos en actividades consideradas productivas y, por lo mismo, benéficas para el desarrollo y la prosperidad general. Se trata, en criterio de la Corte, de sectores que requieren la protección y el estímulo. Es decir, dijo el tribunal, el legislador definió de manera precisa, en el Artículo 2º, que las áreas de inversión sobre las cuales podrán versar los contratos de estabilidad jurídica son: Actividades turísticas, industriales, agrícolas, de exportación, agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de exportación; zonas libres comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios y férreos, de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos. Según la misma norma, se excluyen de esta clase de contrato las inversiones extranjeras de portafolio. En concepto de la corporación, el legislador buscó con esta ley cumplir con fines mediatos como el aumento del crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar social, así como fines inmediatos: el estímulo de la inversión. "Para este fin -dijo-, la ley busca mejorar el clima de inversión, afectado por distintas variables, entre ellas, por los llamados cambios súbitos en la legislación". 3.060 Millones de pesos, monto de inversión a partir del cual el Estado no puede hacer cambios repentinos en la legislación aplicable a los negocios de empresarios, nacionales o extranjeros que promuevan proyectos. Seis votos a favor y tres en contra Unos y otros argumentos de la Corte están incluidos en la sentencia C-242 de 2006, cuya ponencia elaboró la magistrada Clara Inés Vargas. El fallo lo avalaron los abogados Manuel José Cepeda, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Sierra Porto y Alvaro Tafur Galvis. Salvaron voto Jaime Araújo, Alfredo Beltrán y Jaime Córdoba. La providencia se produjo al no acoger una demanda presentada contra la Ley 963 de 2005, según la cual el Congreso vulneró el derecho a la igualdad al permitir que sólo algunas personas puedan acudir a contratos de estabilidad jurídica. Según la demanda: “En un Estado de corte capitalista como el nuestro, en el que la libre competencia es esencia misma de su desarrollo económico, no puede entenderse cómo un grupo de personas, con poder económico, pueda ser beneficiario de una inmovilidad jurídica, frente a otras personas, que pueden ser sus propios competidores, que seguramente no poseen el capital mínimo exigido, pero que sí compiten en el mercado”. La ofensiva jurídica agrega: “En este sentido, aceptando que la igualdad predicada por la Constitución es relacional y no absoluta, encontramos como, frente a un mismo grupo de personas destinatario de la ley, la norma demandada introduce una discriminación completamente injustificada e irracional”. "El legislador creó los contratos de estabilidad jurídica que se ajustan a la Carta Política”.Sí a la duración de tres a veinte años y monto mínimoLa Corte afirmó que la selección de los destinatarios y de las áreas de inversión se llevó a cabo de acuerdo con la necesidad de proteger ciertas actividades y de fomentar otras. Todo con el fin de generar bienestar y calidad de vida en la población. “Para evitar la anarquía en los acuerdos que se celebren al amparo de la Ley 963 de 2005, encuentra la Sala mesurado y proporcional al fin perseguido, el término mínimo de 3 años y máximo de 20 años previsto en el Artículo 6º de la Ley”. En el fallo, la Corte tampoco compartió el argumento de la demanda según el cual la norma viola el derecho a la igualdad al establecer que los contratos de estabilidad jurídica sólo podrán ser celebrados por aquellos empresarios que aporten un capital no inferior a 7.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto es: tres mil sesenta millones de pesos. La corporación explicó que la naturaleza y el objeto del contrato de estabilidad jurídica llevaron al legislador a ponderar la cuantía mínima de la inversión. Para este propósito, el Congreso de la República tuvo en cuenta que la suma estipulada representara un medio adecuado para lograr el fin de promover las inversiones, a efecto de mejorar las condiciones económicas requeridas para promover el desarrollo social. Para la Corte: “Considerando que el propósito de la ley es el de promover la inversión y que para ello el Estado se hace responsable frente a la sociedad y a los agentes económicos que intervienen en la ejecución de los planes de desarrollo, la Sala encuentra que la cuantía de 7.500 smlmv resulta proporcional al esfuerzo estatal y a la responsabilidad de los particulares, quienes en muchas ocasiones tendrán que asociarse para ser beneficiados con las cláusulas del contrato de estabilidad jurídica”. Y la Corte agregó: “En suma, el monto mínimo para la inversión exigido mediante la Ley 963 de 2005, es adecuado a los fines previstos por el legislador, como también proporcional al esfuerzo y al riesgo económico al cual se someten las instituciones públicas y los particulares; en consecuencia, el señalamiento de esta cuantía no vulnera el principio de igualdad previsto en el Artículo 13 de la Carta”. Es más, la Corte dijo: El monto mínimo de la inversión y los sectores en los cuales ella se deberá llevar a cabo atienden a los estudios efectuados por el Departamento Nacional de Planeación, entidad que en 2005 publicó el documento titulado Visión Colombia Segundo Centenario: 2019. NORMAS AVALADAS En la práctica, el fallo implica el sí de la Corte a los contratos de estabilidad jurídica, toda vez que avaló el aparte del Artículo 1º de la Ley, según el cual: “Mediante estos contratos, el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a éstos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo”. La Corte también declaró constitucional el Artículo 2º de la Ley en cuanto al monto mínimo de la inversión de los 7.500 salario mínimos legales mensuales vigentes, así como las áreas de apoyo económico.

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