El presidente de la CNE, José Luis Exeni, señaló que se reafirmó la decisión de "proseguir con la administración del referendo, convocado por ley para el 10 de agosto", cuando el presidente, su vicepresidente y ocho prefectos pondrán sus cargos en juego.
Al concluir una reunión en La Paz con los presidentes de siete cortes electorales distritales, Exeni dijo que se determinó que la revocatoria procederá para esas autoridades si los votos en contra que pudieran recibir superaran el 50 por ciento más uno del total de votos válidos, un principio que no existía en la ley propuesta por el presidente Evo Morales.
Este principio -explicó- permite establecer criterios únicos para la consulta, debido a que la ley de convocatoria, propuesta por el gobernante y avalada por el Congreso, fijaba parámetros con base en la última elección de diciembre del 2005.
En ese plebiscito, Morales se situó con el 53,7 por ciento de los votos y los prefectos, principalmente los opositores, se ubicaron entre el 38 y 48 por ciento de los sufragios, lo que abría el temor de que las reglas de juego eran más favorables para el gobernante y perjudiciales para las autoridades rebeldes.
"Por todas las consideraciones que hacemos, hay la necesidad de dar certidumbre a la ciudadanía y la necesidad de establecer criterios y parámetros universales, en relación a los porcentajes de voto", afirmó Exeni, quien también dijo que la CNE rechazó una segunda resolución del Tribunal Constitucional que ordenaba detener la consulta.
Exeni, presidente del máximo tribunal, dijo que la decisión asumida es respaldada por las cortes de La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando, y llamó a la de Oruro y Santa Cruz a sumarse a respaldar la propuesta.
La realización de la consulta era fuertemente cuestionada por cinco cortes de regiones opositoras que manifestaron sus dudas por los criterios ambiguos que establecía la ley, en cuanto a interpretación de resultados para la remoción o ratificación del presidente, su vicepresidente y los ocho prefectos.
El prefecto opositor de Cochabamba (centro), Manfred Reyes Villa, y el partido de centroderecha Unidad Nacional (UN), aún torpedean el referendo, con demandas en instancias electorales y judiciales, con el argumento de que esta figura electoral no existe en la Constitución.
El gobierno -que aún no emitió una posición sobre el fallo de la CNE- impulsa el plebiscito, con la confianza de que será favorable para el presidente y el vicepresidente, y adverso para seis prefectos de la oposición, a quienes acusa de bloquear su política nacionalista.
El oficialismo considera que los bolivianos podrán dirimir en las urnas entre su programa gubernamental y el de la oposición.
LA PAZ
AFP