Corte prohíbe perseguir a los deudores

Las empresas de cobranzas no pueden abusar de su posición dominante y vulnerar las garantías de quienes aún no han honrado sus créditos”.

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noviembre 28 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-11-28

La Corte les dijo a las empresas de cobro que deben tener precaución con el reporte de datos negativos a las centrales de riesgo financiero. También les recordó que para que una entidad financiera pueda divulgar información relacionada con la historia crediticia de una persona debe contar con la autorización previa, escrita, clara, expresa, concreta y libremente otorgada por el titular del dato. En palabras de la corporación: “en definitiva, aún cuando los datos relativos al historial crediticio de una persona no forman parte de la esfera más íntima de la vida privada, sino que aluden a un aspecto importante de su interacción social, no por ello dejan de estar protegidos por el derecho a la intimidad; de modo tal que es, en principio, cada persona la única facultada para decidir a quiénes y con qué alcance revela su situación financiera”. Tal reserva, solo puede levantarse cuando el Estado ejerce su potestad inquisitiva en investigaciones. SÍ A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS CREDITICIOS La Corte Constitucional desautorizó varios de los mecanismos de cobro utilizados por las empresas dedicadas a la gestión de cartera y les advirtió que en su actividad no les está permitido ejercer presiones indebidas ni afectar la tranquilidad ni transgredir la intimidad de los deudores, incluso de sus herederos, para lograr el pago de obligaciones crediticias. La Corte se pronunció en contra del ejercicio ilimitado y discrecional de mecanismos extrajudiciales, tales como llamadas telefónicas, envío de cuentas de cobro o visitas al domicilio o al trabajo de quien tiene una obligación crediticia, como fórmulas para saldar una deuda. Según el alto tribunal, las empresas de cobranzas no pueden abusar de su posición dominante y vulnerar las garantías de quienes aún no han honrado sus créditos mediante actuaciones en las cuales puedan evidenciarse formas más o menos sutiles de sanción y venganza privadas, ajenas al respeto que existe en un proceso judicial, otra vía para reclamar el pago de lo debido. Para la Corte: “de ahí que el empleo de estas formas de cobro, remisión de cuentas, requerimientos telefónicos y visitas al domicilio o lugar de trabajo del deudor- solo es válida en tanto se oriente a procurar formas privadas y pacíficas de solución de litigios que resulten menos gravosas para ambas partes -acreedor y deudor”. Se trata de requerimientos para el pago, que pueden afectar la tranquilidad e intimidad de las personas sobre quien se ejercitan, en tanto constituyen mecanismos destinados a instar a los deudores a cumplir con sus obligaciones. En concepto de la corporación, el uso de estos mecanismos deja de ser válido cuando su ejercicio constituye una fuente adicional de conflictos o busca eludir requisitos, cargas, términos de prescripción y demás garantías de imparcialidad que asegura un proceso judicial. Es decir, precisa la sentencia, las llamadas telefónicas, el envío de cuentas y las visitas solo están permitidas cuando se procura de manera pacífica y privada saldar una obligación y no hay ánimo de retaliación. De lo contrario, el afectado podrá defenderse a través de la acción de tutela. Sin embargo, el alto tribunal precisó: “no existen normas que establezcan cuáles son los mecanismos de cobro extraprocesal admitidos; tan solo se regula esta cuestión por vía negativa, excluyendo como ilícitos aquellos que puedan tipificarse como un constreñimiento ilegal, un ejercicio arbitrario de las propias razones, o vulneren de manera evidente los derechos fundamentales del deudor. Tampoco existen normas que determinen por cuánto tiempo puede prolongarse el cobro extraprocesal”. LA ORDEN DE LA CORTE Basada en estos criterios, la Corte le ordenó a una empresa de cobranzas abstenerse de remitir cuentas, realizar llamadas telefónicas y visitas al domicilio de la cónyuge sobreviviente de quien era deudor de una tarjeta de crédito, pero cuya muerte se produjo el 8 de mayo de 1996. Aun cuando el deceso se produjo hace más de 11 años, las llamadas, las cuentas y las visitas aún se registran y con el nombre de quien ya murió. En la actualidad, la deuda supera los dos millones de pesos. Por esto, la cónyuge sobreviviente acudió a la acción de tutela para lograr que la firma de recaudo de cartera respete su intimidad y elimine el reporte negativo en Datacrédito de su esposo muerto.

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