La Corte restringe despidos por incapacidad de más de 180 días

Cuando un trabajador es incapacitado por una lesión o enfermedad y su curación no resulta posible durante los 180 días siguientes, su empleador no podrá dar por terminado, de manera indiscriminada, su contrato laboral.

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julio 08 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-08

Según la Corte Constitucional, lo primero que el empleador deberá hacer al culminar el lapso de incapacidad, es permitir que el empleado se reincorpore a sus funciones o, en caso extremo, asegurar el pago de las incapacidades originadas en la enfermedad general. Si la dolencia tiene recuperación, dijo el alto tribunal, el patrono está incluso obligado a otorgar al afectado una labor compatible con sus aptitudes, para lo cual deberá efectuar los movimientos de personal necesarios. En este último evento, dispuso la corporación, al trabajador se le deberán asignar funciones acordes con la limitación o facilitar su traslado a un cargo con la misma remuneración, siempre y cuando la incapacidad no impida el cumplimiento de las tareas ni éstas impliquen riesgo para su integridad. La Sala concluye -sentenció la Corte- “que la facultad de dar por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral en los casos en que el trabajador padezca una enfermedad por término superior a los 180 días, no es absoluta, ni puede ejercerse de manera indiscriminada, como quiera que el empleador, para darle aplicación, tiene que, previamente, dar cumplimiento a las normas sobre reintegro laboral”. REUBICACIÓN EN OTRO OFICIO Es más, la Corte dijo que el empleador y las entidades responsables del Sistema de Seguridad Social Integral deben obrar armónicamente entre sí, y, a su vez, con el trabajador, con el fin de que la persona incapacitada no interrumpa ni el tratamiento ni el acceso a la atención médica. Ni mucho menos, subrayó el alto tribunal, el trabajador afectado en su capacidad laboral deje de percibir los medios de subsistencia, bien sea a través del salario, o de la pensión de invalidez, si a ella tiene derecho. Para la corporación, sólo en caso extremo el contrato puede ser terminado por justa causa, cuando el trabajador no recupere su capacidad laboral y así lo determinen los dictámenes médicos tras el tratamiento y rehabilitación integral o se compruebe la imposibilidad de su realización. TRATO DISCRIMINATORIO Incluso en virtud de la aplicación directa de la Constitución, explicó el alto tribunal, constituye un trato discriminatorio el despido de un empleado en razón de una enfermedad por él padecida, frente a lo cual procede la acción de tutela como mecanismo de protección. Unos y otros criterios los planteó la Corte en la sentencia T-504 de 2008, al conceder una acción de tutela y darle nuevos alcances a la legislación sobre la terminación de los contratos de trabajo a raíz de incapacidad laboral superior a 180 días. La sentencia la proyectó el magistrado Rodrigo Escobar y quedó aprobada en sala de revisión de tutela integrada, además, por los magistrados de la Corte Constitucional Mauricio González y Marco Gerardo Monroy. FALLO EXPLICA ELEMENTOS DE SUBORDINACIÓN DE ASOCIADOSEn la sentencia, la Corte explicó que las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma de un grupo de personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente. El tribunal subrayó la simultaneidad de las calidades de trabajador y de asociado cooperado de sus miembros, la cual los ubica en un plano horizontal en el que no es posible hablar de empleadores por un lado y de trabajadores por otro ni, por tanto, considerar rela- ciones de subordinación en la eje- cución del objeto de la cooperati- va. Así, dijo la Corte, la relación entre cooperado y cooperativa puede pasar de ser horizontal a una relación vertical, en la cual una de las dos partes tiene mayor poder sobre la otra y por ende se configura un estado de dependen- cia, cuando hay elementos que así lo evidencian. Por ejemplo: (1) El pago de las compensaciones del cooperado sólo se produce cuan- do este ha cumplido con la labor indicada por la cooperativa o el tercero a favor del cual la realizó. (2) Existe un poder disciplinario de la cooperativa sobre el aso- ciado, y (3) la sujeción del coope- rado a la designación que le haga del tercero a favor del cual se va a ejecutar la labor contratada. Cooperativas de trabajo, a respetar la legislación Según la Corte, el régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y compensación de las Cooperativas de Trabajo Asociado se rige con base en los estatutos y reglamentos propios, porque tales materias tienen origen en el acuerdo cooperativo. “De allí que -según el alto tribunal- las relaciones de trabajo escapen del ámbito de aplicación de la legislación laboral y se sometan a lo que libre y voluntariamente dispongan los cooperados en los estatutos, gozando de amplia autonomía configurativa. “Sin que, por ello se encuentren libres de la exigencia de sujetarse a los principios constitucionales, de forma que se salvaguarden los derechos fundamentales de las personas vinculadas a las actividades cooperativas”. Ahora bien, explicó la corporación, es posible que la forma de ejecución del objeto cooperativo modifique la relación entre los cooperados o incorpore más formas de contratación. “En los eventos en que el cooperado no trabaja directamente para la cooperativa sino que lo hace para un tercero respecto, del cual recibe órdenes y cumple horarios y la relación con este último, surge por mandato de aquella, puede predicarse la existencia de un vínculo subordinado que da lugar a la aplicación de la legislación laboral”. El alto tribunal señala que la relación del cooperado permite colegir la existencia de un contrato por el encubrimiento de la vinculación a través de un contrato cooperativo, en el que se reúnen los elementos esenciales de un contrato laboral, como la actividad personal del trabajador, la subordinación o dependencia del empleado y un salario como retribución del servicio. Si hay subordinación y sueldo, hay relación laboralEl fallo tiene origen en una tutela presentada por un particular que celebró un convenio de labor con una cooperativa de trabajo asociado y, a través de ella, prestó sus servicios como cotero de caña en un ingenio en el Valle del Cauca. Pero un dolor lumbar le impidió seguir con sus funciones y recibió, en consecuencia y en total, incapacidades por más de 350 días, ordenadas por una EPS. Durante su incapacidad, la cooperativa suspendió el pago de los aportes al sistema de seguridad social del afectado al advertir sobre su cierre y liquidación y, por su parte, el ingenio se negó a reintegrarlo. En única instancia, el Juzgado Promiscuo Municipal de Pradera (Valle), negó el recurso al advertir incluso la ausencia de relación laboral entre las partes. El juzgado acogió la tesis del ingenio, según la cual, no es posible reintegrar ni reubicar a quien nunca ha estado vinculado a una empresa. Pero la Corte no estuvo de acuerdo con esta decisión, porque verificó que el particular sí tenía una relación laboral con el ingenio, por cuanto recibía órdenes, cumplía horarios y ejercía una actividad personal, es decir que se le aplica la ley laboral. La Corte revocó el fallo del juzgado y ordenó al ingenio en controversia reintegrar al ciudadano, que acudió a la tutela, o reubicarlo en un cargo conforme a sus capacidades laborales, con igual o mejor remuneración. El alto tribunal fijó un término de 48 horas, tras la notificación de la providencia, para cumplir esta sentencia. Respecto a la cooperativa, la corporación no emitió ninguna orden en atención a su estado de liquidación. En la práctica, el episodio sirvió a la Corte, a su vez, para advertirles a las cooperativas de trabajo asociado que si bien sus estatutos y reglamentos escapan del ámbito de regulación de la legislación laboral, éstos deben respetar los derechos fundamentales de sus integrantes.WILABR

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