Declaró ventas por $ 209 millones, pero le probaron ingresos por $ 10.000 millones

Al decidir la apelación, la Sección de Asuntos Económicos del Consejo de Estado confirmó la decisión de la Dian al advertir que no hubo violación del debido proceso y al respaldar las pruebas recaudadas para imponer la sanción.

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noviembre 14 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-11-14

La corporación dijo que la Dian basó la determinación contra el comerciante en una liquidación oficial fundamentada en las certificaciones expedidas por entidades financieras, según las cuales, en sus cuentas hubo consignaciones por más de 10 mil millones de pesos en 1995. Se trata, explicó el alto tribunal, de información confrontada por la Dian con documentos de Cámara de Comercio, empresas y asociaciones con las cuales el particular realizó actividades durante 1995, período cuya liquidación de renta suscitó el proceso. Ésta es una de las razones del Consejo de Estado para no respaldar el monto de 209 millones de pesos, reportado por el comerciante al declarar renta. Según el contribuyente, la Dian debió aceptar que los ingresos declarados por la actividad de cambio de cheques de nómina correspondieron al por ciento de los movimientos en cuentas, por cuanto, dijo, es una costumbre mercantil aceptada a otros contribuyentes. El alto tribunal, sin embargo, no respaldó sus tesis. Según el Consejo de Estado: “Las pruebas recaudadas por la Administración constituyeron indicios graves de que los valores consignados en las cuentas bancarias del demandante correspondían a ingresos por operaciones llevadas a cabo por él, es decir, se relacionaban con los cambios de cheques de nómina que realizaba para terceros y que les generaba un ingreso”. “Sin embargo, -explicó el alto tribunal- su falta de contabilidad -la del comerciante- exigía que la demostración de los ingresos realmente recibidos se sustentara en pruebas contundentes y concretas; y no con pruebas generales sobre la costumbre mercantil en cuanto al monto de la comisión cobrada por tales operaciones”. Así, dijo el alto tribunal, el contribuyente sí estaba obligado a llevar la contabilidad regular de sus negocios al ser comerciante, e incluir en su actividad el cambio de cheques de nómina. La corporación insistió en que el demandante no logró demostrar la cifra real de sus ingresos a fin de desvirtuar las pruebas recaudas por la Dian. Precisamente, el alto tribunal explicó que la administración, en su actuación frente a contribuyentes, podrá ordenar la práctica de inspecciones tributarias para verificar la exactitud de las declaraciones, establecer la existencia de hechos gravables declarados o no y verificar el cumplimiento de las obligaciones formales. Según la corporación, la inspección tributaria es un medio probatorio amplio, en cuanto permite el recaudo de otros elementos de juicio diferentes a los contables. Es decir, la Dian puede acudir o decretar otros tipos de pruebas, como los testimonios y cruces de información, a fin de constatar los hechos de interés fiscal. 10 mil millones de pesos fue el monto probado de ingresos a un comerciante de ganado. Sin embargo, declaró ante la Dian ventas por 209 millones de pesos.

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