Esas fueron las recomendaciones del Procurador General de la Nación en carta dirigida al titular de la cartera de Hacienda.
En la misiva, el Jefe del Ministerio Público señala que adoptar dicha medida "permitiría dotar de instrumentos más eficaces a las autoridades gubernamentales para el ejercicio de las funciones administrativas, en particular, no solo a través de la imposición de medidas cautelares con prueba sumaria, sino la implementación de un proceso administrativo especial, ágil y abreviado para dar respuestas inmediatas a la ciudadanía".
En concepto del Procurador el país atraviesa una situación de orden económico y social extraordinaria que amenaza seriamente la estabilidad económica, poniendo en riesgo el sistema financiero, la confianza pública, la capacidad de ahorro y pago, y de adquisición de bienes y servicios para la atención de las necesidades de los miles de colombianos que fueron engañados por las redes de captadores.
"Por último señor Ministro, este Despacho considera que la situación que afronta el país no puede someterse al ejercicio de las funciones de los distintos entes de control y vigilancia en las condiciones ordinarias o normales sino que requiere de la concurrencia del Estado para asumir de manera inmediata y extraordinaria este flagelo que aqueja a la sociedad", puntualizó el Jefe del Ministerio Público.