Déficit fiscal e inseguridad

Déficit fiscal e inseguridad

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julio 23 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-07-23

La salida de la crisis colombiana fue lenta y tortuosa. El país acordó un programa de ajuste con el FMI, mediante el cual recibió un aval cuantioso que garantizaba los bonos y préstamos que necesitaba el Gobierno para refinanciar su deuda y no tener que licenciar personal.

Aunque el Gobierno se comprometió a reducir su déficit fiscal progresivamente, las condiciones de baja actividad exigían un gasto público compensatorio que hizo trepar el faltante hasta el 7,5% del PIB en 1999 y a rondar el 6% en los tres años siguientes.

La intensa devaluación permitió, sin embargo, aprovechar de mejor manera una fuerte expansión que se estaba generando en el comercio internacional, gracias al incontinente consumo de E.U. que le prestaban alas al crecimiento del sudeste asiático, pero en especial de China e India. Estos a su vez requerían de un volumen mayor de materias primas y de alimentos que prepararon el auge que se compartió en América Latina desde 2002.

Una de las razones para que la economía colombiana tardara más en recuperarse fue la percepción de que el país no sólo había perdido riqueza, sino también su seguridad.

Entre 1996 y 1998 las Farc obtuvieron importantes avances contra bases del Ejército en el sur del país, recurriendo a un importante número de tropas, llegándose a pensar que habían pasado de la estrategia de guerra de guerrillas a otra de conquista de posiciones estratégicas que les daban el control militar de amplios territorios, dominando extensas regiones de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Cauca y Nariño.

El candidato Andrés Pastrana había hecho campaña con una propuesta de paz que había sido avalada por el comandante de las Farc, 'Manuel Marulanda' y que le ayudó a su triunfo en las elecciones por escaso margen frente al liberal Horacio Serpa.

Durante las negociaciones de paz, las Farc se dedicaron a aumentar su nivel de actividad delictiva abierta, mediante secuestros y extorsiones, al lado de llamativas acciones militares que diseminaron el terror entre la población.

El temario de la negociación incluía reformas políticas y económicas profundas en las que las Farc hicieron propuestas maximalistas, imposibles de cumplir por el Gobierno que nunca debió incluirlas en la agenda, pues desconocían incluso la Constitución de 1991.

Toda la discusión era irreal, porque un gobierno elegido democráticamente no puede ni debe negociar el programa muy intervencionista que enarbolaba las Farc que nunca pusieron a consideración del electorado y que pretendían imponer a la fuerza.

Se multiplicó el secuestro de empresarios y la extorsión de los negocios en el país. Muchos propietarios sacaron a sus familias durante este oscuro período, se establecieron por fuera y venían a supervisar periódicamente sus negocios, algo que debió deteriorar la productividad y rentabilidad de las actividades económicas.

En el campo, los impuestos o vacunas de la guerrilla y después de los paramilitares drenaron parte, y en veces, todo el excedente económico que llevó la ruina a muchas regiones. La anunciada 'pesca milagrosa' del 2000, le granjeó una antipatía muy fuerte dentro de la población, sin distingo de clases.

El Gobierno, sin embargo, adelantaba acciones para fortalecerse militarmente y consiguió un apoyo importante de E.U. con el Plan Colombia, que le aportó en promedio US$700 millones anuales y aumentaba los recursos propios, financiados por un impuesto al patrimonio. Finalmente, ante el abierto desafío de las Farc, el Gobierno tuvo que dar por terminada la negociación en 2002.

Tales acciones de amenazar la seguridad individual de todos los colombianos y vulnerar los más elementales derechos humanos constituyeron un suicidio político para la guerrilla comunista frente al electorado que fue conducido de esta manera a los brazos de la extrema derecha.

El candidato presidencial independiente Álvaro Uribe, entre tanto, se había perfilado como un duro crítico de las negociaciones de paz y como proponente de una solución militar al conflicto interno. Como Gobernador de Antioquia, se había hecho conocer por su iniciativa de organizar las Convivir, que era una forma de legalizar grupos irregulares armados, con serios problemas de supervisión de los organismos públicos de control. La opinión lo favoreció abrumadoramente y lo eligió presidente en agosto de 2002.

El Gobierno profundizó las políticas de la administración Pastrana, fortaleciendo la capacidad de las Fuerzas Armadas y de Policía, coordinó las tres fuerzas y multiplicó la inteligencia militar y policial, pudiendo cosechar los frutos de la nueva capacidad militar del país; con ella, arrinconó a la insurgencia contra las fronteras selváticas, infiltró y desmoralizó sus efectivos, eliminó a varios de sus máximos líderes y recuperó la seguridad en buena parte del territorio nacional.

La percepción de una mayor seguridad fue un incentivo importante para que se desatara la inversión (gráfica 3) y, con ella, a que se comenzara a acelerar el crecimiento económico de Colombia. La opinión pública le reconoció a la administración Uribe el mejoramiento de la seguridad del país y la bonanza económica proporcionó una euforia adicional entre el electorado que acabó de afirmar su inclinación para otorgarle un segundo mandato, previa una reforma constitucional.

La presidencia ganó de esta manera injerencia en el nombramiento de las cúpulas judiciales, incluyendo la Corte Constitucional, la Procuraduría y la Fiscalía, con lo cual los funcionarios se sintieron inmunes frente a la ley y procedieron de acuerdo; en febrero de 2009 el presidente había nombrado toda la junta directiva del Emisor.

Es evidente también el debilitamiento del Congreso, desprestigiado por sus vínculos con los grupos ilegales, frente al cual el ejecutivo predomina, al igual que sobre las administraciones territoriales que contemplan cómo una mayor parte de las decisiones de gasto las concentra el presidente en sus concejos comunales, incluyendo temas minuciosos como caminos vecinales, agua y servicios públicos.

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