Demanda a azucareros por $11 billones

La pretensión es cuatro veces el valor de los ingresos anuales de todos los ingenios que funcionan en el país.

3,72 billones de pesos fue el valor de los ingresos operacionales de los productores de azúcar.

Archivo particular

3,72 billones de pesos fue el valor de los ingresos operacionales de los productores de azúcar.

Finanzas
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octubre 20 de 2015 - 02:07 a.m.
2015-10-20

Por medio de una Acción de Grupo, radicada en el juzgado 32 civil de circuito de Bogotá, la llamada Liga de Consumidores de Bogotá (Defendemos) entabló una demanda en contra de los mismos 12 ingenios, dos empresas comercializadoras y el gremio (Asocaña), que fueron multados por la Superintendencia de Industria y Comercio.

En esta demanda, que ya fue aceptada y hace curso, la organización pretende hacerse a 11 billones de pesos, cifra que en sus cálculos corresponde al daño económico causado por los demandados a los consumidores finales del azúcar, entre los años 2000 y 2015. Los dineros –dice la demanda– se desembolsarían en una cuenta administrada por la Defensoría del Pueblo.

Ahora, los 16 hechos que argumenta la ONG Defendemos son casi que los mismos que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para imponer las multas, conocidas el pasado 7 de octubre.

Como pruebas, la ONG entrega copias de diversos informes de la SIC y del mismo proceso administrativo de la entidad de vigilancia y control.

Ahora, las pretensiones de Defendemos van más allá de invocar los resultados de una investigación previa de la SIC, pues busca ‘desnudar’, hasta el mínimo detalle, la contabilidad de los ingenios en todo el proceso de producción y venta final del azúcar producida entre el año 2000 y el presente.

Las pretensiones también incluyen los reportes de compras de azúcar que los consumidores hayan hecho con tarjetas débito y crédito de los 24 bancos que funcionan en el país, lo mismo que al comercio formal, como las grandes superficies.

De igual forma, a todos los grandes consumidores del endulzante.

También, se pide a la Dian un informe acerca de los impuestos pagados (con relación al endulzante) hechos por las personas jurídicas anotadas.

Por último, pide al juzgado que se escuche en indagatoria al ciudadano español Miguel de Quinto Arredonda, al parecer exasesor de la SIC y un testigo de excepción, quien sabría del “efecto que ha tenido en el mercado del azúcar el acuerdo anticompetitivo”, dice la demanda.

APOYO DEL GOBIERNO A LA SIC

Desde todos los estamentos gubernamentales se han escuchado las voces de apoyo a las decisiones del Superintendente de Industria y Comercio.

En intervenciones públicas se ha dicho que respetan las decisiones de la entidad.

Por su parte, los azucareros, en carta abierta al presidente Santos, piden que “aborde el tema con mayor preocupación, respecto a la presión y al parecer plan de acción de las multinacionales, para atentar y diezmar la producción nacional y de comercialización”.