Demanda ciudadana para acabar con el Soat

Con el argumento de que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) no debería existir pues para eso los colombianos están cubiertos por otras entidades de salud (las EPS ó el régimen subsidiado), un ex funcionario del Ministerio de Transporte, que en las pasadas elecciones aspiró fallidamente a ser concejal de Bogotá, se lanzó en una batalla para acabar con ese seguro, que tiene 20 años de existencia.

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noviembre 21 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-11-21

Max Orlando Galeano Gasca, un administrador público, utilizó este tema como eje de su campaña. Aunque no logró su curul, sí continuó con su pelea legal. Asegura que no aspira a eliminar el Soat, sino a que “no se puedan expedir más pólizas”, pues es consciente de que este seguro fue creado por una Ley y por lo tanto para acabarlo, tendría que pasar por el Congreso. Aseguradores y el Gobierno dicen que el Soat es un seguro útil que protege a las víctimas de los 200.000 accidentes de tránsito que ocurren al año, pero Galeano asegura que “viola el derecho colectivo y es una afrenta contra el Estado de derecho”. Según dijo, como las tarifas que paga el Soat en sus servicios relacionados (ambulancias, hospitalización, cirugías, indemnizaciones y funerarias) son más altas que las que pagan las EPS o el Sisbén, los prestadores de dichos servicios prefieren atender a quien viene por Soat, que al que llega por otro tipo de accidente. Otra es la visión de las EPS, agremiadas en Acemi. Su presidente, Juan Manuel Díaz-Granados, dice que si bien las tarifas del Soat son más altas por estar tasadas en salarios mínimos, eso no implica que las clínicas, hospitales o ambulancias prefieran a las víctimas de accidentes de tránsito, sino que en urgencias lo que prima es un carácter profesional, dependiendo de la gravedad del herido.

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