La construcción de obras civiles en las principales ciudades del país pondrá a trabajar a tope a las canteras del país. Un cálculo de la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, apuntan a que la demanda de estos materiales (gravas, arcilla, arena, entre otros) en los principales centros urbanos del país aumentará 48 por ciento para el 2023.
Mientras en los últimos cinco años el crecimiento promedio anual de la demanda de estas materias primas en las zonas urbanas del país ha sido de 1,4 por ciento, en la próxima década se espera que el crecimiento anual sea del 4 por ciento.
En el 2013, el país demandó un total de 150 millones de toneladas de agregados, de los cuales 31,3 millones correspondieron al consumo de ocho ciudades (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizalez, Santa Marta y Armenia).
Pero, más allá de las zonas urbanas, otros proyectos, como construcción de las vías de cuarta generación (4G) demandarán un promedio de 15 toneladas anuales en los próximos cinco años, 75 millones de toneladas en total, según los cálculos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
La Upme proyecta que el país tiene la capacidad de atender esta demanda creciente. No obstante, hacerlo implica una serie de retos logísticos y económicos tanto para los productores, como para los constructores.
LEJOS DE LA FUENTE
La distancia entre las canteras y los centros donde se construyen los proyectos es uno de los mayores desafíos. En ciudades como Bogotá, los constructores ya están teniendo sobrecostos para conseguir las materias primas.
“Dentro de la lógica de los agregados, estimamos que entre la fuente de abastecimiento y la obra debe haber una distancia entre 20 y 50 kilómetros. Más allá de eso, digamos que hay un costo importante en logística y en tiempo”, explica Carlos Fernando Forero Bonell, director general de la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos de Colombia, Asogravas.
La capital del país y sus municipios aledaños representan el 45 por ciento de lo que se consume en todo el país de estos agregados para construcción.
De las ocho ciudades estudiadas por la Upme, Bogotá es la única que sobrepasa este límite, pues la distancia promedio entre las fuentes de abastecimiento y el centro urbano es de 61 kilómetros. En promedio, la distancia en las otras siete urbes es de 26 kilómetros.
“Si en Bogotá las fuentes de materiales de construcción estuvieran a la distancia media de las otras siete ciudades, el precio por tonelada de agregado se podría reducir en 21.000 pesos. Esto implica que la economía podría liberar cerca de 300.000 millones de pesos que se podrían reasignar en otras actividades más productivas”, explica el estudio de la Upme.
Este costo se verá reflejado en las obras civiles proyectadas para la ciudad en la siguiente década, como la construcción del Metro de Bogotá, la complementación de la red de Transmilenio con las troncales de la Boyacá y de la avenida calle 68.
En los proyectos comerciales y residenciales, el impacto en el costo final podría ser menor.
“En la construcción de edificaciones, en las que usamos estos materiales a través del concreto y las obras anexas, el precio está más controlado. En las ciudades donde operamos, excepto en Bogotá, las canteras están más cerca”, explica el presidente de la constructora Marval, Rafael Marín Valencia.
El director de Asogravas explica que, en el caso de las edificaciones, el sobrecosto se diluye entre otros rubros, por eso el impacto no es tan fuerte. Y en el caso de las vías ubicadas por fuera de los centros urbanos, no existe este problema porque están más cerca de las cantera. Mucho o poco, este sobrecosto termina cargándose a la cuenta del consumidor final: el distribuidor o del constructor.
Lo bueno es que este aumento de la demanda terminará estimulando a un sector que, por cada unidad productiva, genera 26 puestos de trabajo e ingresos fiscales por 30 millones de pesos.
PIDEN ORGANIZACIÓN
Aunque en ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Armenia, Pereira y Santa Marta, están cerca de las canteras que producen estos agregados, el dirigente gremial llamó la atención sobre la necesidad de incluir las fuentes de abastecimiento dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
“Las ciudades crecen hasta donde van las canteras, cuando la ciudad llega a este punto, entonces se cierran, también por temas de protección ambiental, y eso tiene su lógica. Pero lo que uno no ve es que los municipios contemplen en sus planes de ordenamiento territorial de dónde salen los materiales de construcción. Es decir, planean obras, vías, amoblamiento urbano, pero no tienen en cuenta de dónde van a sacar los recursos”, sostiene Forero Bonell.
El estudio de la Upme sostiene que en términos generales las restricciones ambientales que se han registrado a la actividad minera de materiales de construcción han sido positivas, pues han frenado la erosión en algunas zonas del país. De acuerdo con la Agencia Nacional Minera, el 60 por ciento de las unidades productivas del sector son informales.
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