Demandas y conciliaciones

La Contraloría General nos ha recordado la existencia de cuantiosas demandas en contra de la nación. De ser falladas en contra, su valor ascendería a un 180% del PIB. Se calcula que la nación pierde en el 70% de los casos. En los últimos años se han venido desembolsando, por este concepto, cifras cercanas a los $2 billones. Todos estos pagos se harán con cargo a los impuestos que pagamos y como se ha reconocido por parte del Gobierno, las repeticiones en contra de los funcionarios responsables, son casi inexistentes.

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noviembre 25 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-25

El Gobierno se muestra preocupado e intenta, a última hora, construir una estrategia para evitar fallos contrarios a los intereses del erario público. Proponen un impuesto del 2% en los fallos superiores a $94 millones. También, señalan la existencia de un grupo de litigantes que se han especializado en estas demandas y cobran jugosos honorarios, e insinúan casos de corrupción de algunos jueces. Pero estas declaraciones olvidan la causa fundamental del problema: actuaciones irresponsables, dolosas y en muchos casos criminales por parte de funcionarios, quienes en ejercicio de sus funciones públicas, generaron miles de víctimas que tienen todo el derecho a demandar. El 61% de los pagos por sentencias y conciliaciones se produce solo en los sectores de defensa, justicia y seguridad. De ellas, el grueso corresponde a demandas interpuestas por familiares de víctimas de abusos por parte de la fuerza pública. Una estrategia para enfrentar esta situación no puede limitarse solo a organizar de mejor forma la defensa de la nación, lo cual es absolutamente necesario. Tres tipos de acciones contribuirían muchísimo a controlar esta situación: primero, iniciar de forma clara y contundente las acciones de repetición en contra de los funcionarios públicos que con sus actuaciones u omisiones originaron estas demandas. Segundo, simplificar los procedimientos judiciales, de tal forma que este tipo de demandas no se tome 10, 12 o incluso hasta 20 años para ser resueltas. Esto disminuiría los costos por honorarios y por el pago de intereses, en el monto total de la condenas. Tercero, tal vez la más importante, evitar que miembros del Estado, particularmente de la fuerza pública, continúen abusando de su investidura para cometer crímenes. No olvidemos que los ‘positivos’, tan celebrados por el alto Gobierno en su momento, han resultado ser tan falsos que desde ya podemos prever las demandas en contra de la nación y los fallos que en 10 ó 12 años todos tendremos que pagar. Los billones de pesos pagados cada año, son un costo adicional asumido por la sociedad. Cuando hagamos el balance de los logros en seguridad, las ganancias y los costos, también deberemos contabilizar el valor de estas demandas y conciliaciones. caballerocesar@yahoo.com '' El 61 por ciento de los pagos por sentencias y conciliaciones se produce solo en los sectores de defensa, justicia y seguridad.WILABR

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