La democracia y el monopolio de la violencia

Lo que ha estado dando vueltas durante los últimos 50 años en las noticias corresponde al patrón de una democracia que no desea que su Estado consolide el monopolio sobre la fuerza.

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julio 20 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-07-20

Se está distribuyendo en Colombia un interesantísimo análisis técnico de los patrones de votación en las elecciones pasadas para la Presidencia y el Congreso, dirigido por dos profesores de MIT y Harvard, y por un joven académico de Yale (Daron Acemoglu, James A. Robinson, Rafael J. Santos-Villagran. The Monopoly of Violence: Evidence from Colombia, July 2009).

Asemoglu es profesor de economía de MIT, uno de los economistas jóvenes más respetados del mundo y uno de los más promisorios. Robinson es un conocido profesor del Departamento de Gobierno de Harvard. Con Miguel Urrutia editó un libro sobre la economía colombiana en el siglo XX.

El estudio modela y trata de explicar por qué países como Colombia o Pakistán, que detentan muchos de los símbolos de modernización y avance (Pakistán tiene hasta bomba atómica), y que son democráticos, no han podido o no han querido consolidar el monopolio de la fuerza (de la violencia) en el Estado moderno, como lo establecía Max Weber, sino que dejan que operen ejércitos no estatales (paramilitares) en su territorio; y como un Estado democrático preserva a nivel local otras formas de autoridad que ejercen élites locales en forma violenta o antidemocrática, y sin embargo, estas mismas élites interactúan a nivel nacional con otras fuerzas políticas para conformar gobiernos y administrar el Estado democrático.

La hipótesis central del documento es que esto sucede cuando grupos políticos se alían con los ejércitos irregulares para ser elegidos o hay un alineamiento de intereses entre los políticos y los paramilitares, sin que existan alianzas explícitas, que da lugar a los mismos resultados. En esos casos, les resulta ventajoso a los así elegidos y a los paramilitares conservar a estos últimos para que les ayuden a mantener su poder electoral o su influencia en el Congreso. El quid pro quo (la contraprestación) que reciben los ejércitos irregulares es de aquellos políticos que fueron elegidos a posiciones, en el ejecutivo o en el Congreso, que promueven legislación o dirigen el presupuesto para favorecer a los paramilitares.

Es natural que Colombia haya sido escogida como fuente de datos para validar estas hipótesis, porque de una u otra forma, lo que ha estado dando vueltas durante los últimos 50 años en las noticias, corresponde al patrón de una democracia que no desea que su Estado consolide el monopolio sobre la fuerza. Los autores, con el apoyo de una legión de académicos colombianos, y con la asistencia de varios jóvenes que están haciendo carrera en esas prestigiosas universidades, han producido evidencia que corresponde al patrón que habían predicho. Tienen mucho cuidado en decir, que lo que han comprobado no implica de ninguna forma que el Gobierno tenga o haya tenido una relación formal o alianza con los paramilitares. Pero que existe una simbiosis entre su acceso al poder y la presencia de los paramilitares, y que esa simbiosis tiende a preservar un papel político para los paramilitares y apunta a que no van a desaparecer.

La evidencia aportada por estos autores indica, entre otras muchas conclusiones inquietantes, que la presencia de paramilitares en los municipios donde ellos operaban favoreció al candidato Alvaro Uribe en las elecciones del 2002, y que esta influencia fue mayor en el 2006. También indica que los congresistas elegidos en áreas de paramilitares fueron mucho más propensos que otros a votar a favor del cambio constitucional que le permitió al Presidente repetir entre 2006 y 2010, y que estos mismos congresistas también estuvieron notoriamente a favor de legislación que favorece a los paramilitares. En el caso de las Farc, el estudio no pudo comprobar que hayan tenido poder a nivel nacional para influir de esa manera. Esto es afortunado, pero habrá que ponerle mucha atención a las próximas votaciones en el Congreso para que los 'paras' y los mafiosos no sean los que determinen un cambio de Constitución.

 

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