Denuncian por nepotismo a la presidenta del Congreso venezolano, Cilia Flores

La Unión de Trabajadores y Empleados de la Asamblea Nacional dijo que se han contratado fraudulentamente a por lo menos 40 personas allegadas a la congresista.

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julio 15 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-15

El gremio denunciante es considerado como el 'sindicato bolivariano' del parlamento.

La denuncia había sido ventilada ya por los principales periódicos locales, específicamente los diarios El Universal y El Nacional, cuyos reporteros recibieron sendas recriminaciones por parte de Flores, que los acusó de "mercenarios de la pluma" y de protagonizar una campaña de descrédito en contra de la institución.

Pero esta semana, el propio sindicato bolivariano rompió el silencio, lo que hace aún más significativa la denuncia. Su secretario general, William Díaz, confirmó a EL TIEMPO una serie de vicios en el concurso que se llevó a cabo en octubre del 2007 para ratificar y/o elegir a casi 900 empleados parlamentarios.

"Se nos dijo que el concurso tuvo como finalidad regularizar la situación de todos los trabajadores, pero el jurado de ese concurso estuvo conformado por puros directivos de la Asamblea y el resultado es que hay gente que no participó y quedó, y otra que en la evaluación quedó de segunda y por arte de magia pasó al primer lugar. Gente inhabilitada por el contralor también quedó, y de los seleccionados al menos 40 son familiares y amigos de la presidenta Cilia Flores".

Díaz confirmó que dos de los siete miembros del jurado fueron la prima y la nuera de Flores, Numidia Flores y Magaly Gutiérrez.
La primera avaló la contratación de al menos 6 de sus familiares -además del director de Seguridad de la Asamblea, Bladimir Flores, primo de la presidenta- , y la segunda, el ingreso a la plantilla legislativa de su esposo, su madre y otros cuatro familiares.

Otro miembro del jurado promovió el ingreso de su hija, y se aprobó el ingreso de la hermana de la diputada Desirée Santos y la esposa del diputado Darío Vivas, esta última inhabilitada por 3 años por la Contraloría de la República para trabajar para el Estado.

Según las leyes venezolanas, una persona no puede evaluar a sus familiares en los concursos para optar por un trabajo como funcionario del Estado. Además, ninguna de estas selecciones fue consultada con los sindicatos y las 60 personas despedidas gozaban de "inamovilidad laboral" pues está en plena discusión la elaboración de un nuevo contrato colectivo.

Silencio en la sala

Ante estos señalamientos, la presidenta del Parlamento no ha dado respuesta específica de los casos y se ha limitado a denunciar una campaña en su contra.

En una sesión ordinaria del legislativo pronunció un discurso contra quienes han hecho la denuncia, declarando que "aquí ingresó mi familia y yo me siento bien orgullosa de que sean mi familia y los defenderé en esta Asamblea Nacional como trabajadores y defenderé los concursos públicos, no sólo yo, también esta Asamblea y la mayoría de los diputados y diputadas revolucionarios y revolucionarias".

Algunos diputados solicitaron la apertura de una investigación para aclarar el tema, pero la directiva parlamentaria no avaló la petición.
"Creemos que este caso está totalmente cerrado", manifestó el diputado Manuel Villalba luego de conversar con la directiva del Colegio Nacional de Periodistas, quienes pidieron a los parlamentarios respetar el trabajo de los medios.

Ante esta respuesta queda la inconformidad de todos, incluyendo los bolivarianos. El sindicalista Díaz aseguró que ha llevado el caso hasta el Ministerio del Trabajo, y que intentó hacer la denuncia en el canal de televisión oficial, pero no fue escuchado.

"Yo soy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, soy vocero de mi 'batallón', pero no me quedó más remedio que acudir a los medios para que sepan esta injusticia", concluyó Díaz. 

VALENTINA LARES MARTIZ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CARACAS

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