Derrumbe anunciado

Las escenas de ayer en Popayán, Pasto o Santander de Quilichao, cuando las autoridades debieron decretar el toque de queda para enfrentar los problemas de orden público derivados del derrumbe de varias ‘pirámides’, muestra hasta qué punto lo ocurrido tiene más ramificaciones que la estafa a un grupo de ciudadanos incautos. Y es que el tema tiene unas dimensiones enormes, no sólo por la magnitud de recursos involucrados, sino porque el número de afectados podría superar los 300.000, muchos de ellos en ciudades pequeñas y pueblos en toda la geografía nacional. Entre los damnificados hay de todo: desde viudas y pensionados, hasta personas que se endeudaron o vendieron sus bienes con la ilusión de obtener rentabilidades superiores al 150 por ciento anual.

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noviembre 13 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-11-13

Al respecto, lo más fácil es decir que los ‘paganinis’ sabían en qué se estaban metiendo. En horas como las actuales no falta quien recuerda ese refrán que dice que “de eso tan bueno, no dan tanto”, y que por eso quienes resultaron golpeados merecen su suerte por caer en el pecado de la codicia. Además, desde hace meses los diversos medios de comunicación han publicado informes sobre los ingeniosos esquemas utilizados por los promotores de las ‘pirámides’ para evitar que su actividad sea declarada como ilegal, por lo menos bajo las normas vigentes. Sin embargo, incluso aceptando ese argumento, es claro que el Gobierno tiene una cuota de responsabilidad en lo sucedido. Para hacer un símil, es como si se hubiera anunciado un descomunal huracán, sin que nadie tomara las medidas para enfrentar la furia de la naturaleza. En respuesta, los funcionarios públicos han dicho que han realizado investigaciones, como lo prueba lo hecho por la Superintendencia de Sociedades en contra de algunas firmas. También es cierto que en el Congreso cursa un proyecto de ley que eleva las penas por el delito de captación masiva de dineros sin autorización, y tipifica como punibles, conductas que no estaban contempladas en las normas. Lamentablemente en ambos casos la respuesta ha sido tímida y lenta. Con un par de valerosas excepciones, parte de la responsabilidad les cabe a los congresistas de los departamentos en que estos esquemas se expandieron. Otra cuota es del ejército de abogados que, como los peores mercenarios, interpusieron todo tipo de recursos para entorpecer la labor de los entes de investigación y dieron declaraciones engañosas a la prensa. También hay culpa del público, embriagado por la cultura del dinero fácil y por el ejemplo del pariente o del vecino que logró multiplicar sus fondos en cuestión de meses. Así las cosas, debía ser el Ejecutivo el encargado de movilizar todos sus recursos para evitar una debacle anunciada, a la cual todavía le faltan varios capítulos. No obstante, por cuenta de la falta de acción a las autoridades nacionales y locales les toca recoger los platos rotos, sin que existan mecanismos para socorrer a quienes lo perdieron todo, entre otras razones porque la contabilidad en la mayoría de los casos es simplemente inexistente. En consecuencia, el coletazo de la crisis se sentirá en una menor actividad económica en las poblaciones más afectadas, con efectos impredecibles sobre los índices de violencia y estabilidad familiar. Dicha situación ocurre en el momento menos indicado, con la producción de capa caída y las expectativas de los consumidores nacionales y mundiales en reversa. Por tal razón, de lo que se trata ahora es de ponerles presión a las compañías que siguen recibiendo dinero del público y buscar maneras de castigar a los culpables. Si la experiencia de otras latitudes sirve de lección, buena parte de lo recaudado ya se perdió, pero algunos fondos quedan, como lo demostró la incautación de maletas con miles de millones de pesos en efectivo. Así las cosas, hay que hacer votos para que el mismo Gobierno, que reaccionó mal y tarde ante un derrumbe anunciado, sea ahora capaz de tomar el toro por los cuernos para evitar que un colapso financiero acabe volviéndose un enorme lío social y de orden público. '' El coletazo de la crisis de las ‘pirámides’ se sentirá en una menor actividad económica en las poblaciones más afectadas, con efectos impredecibles sobre otros temas”.WILABR

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