Desalojo de 80 familias dificulta megaobra hidroeléctrica en el nordeste antioqueño

Heriberto Ortiz se deja caer en una cama a medio tender mientras las tablas del piso de su rancho crepitan. Mira por la ventana y el sonido estridente del río Porce, le recuerda sus días de minero.

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mayo 11 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-05-11

Hoy, a sus 59 años de vida y con una lesión de columna que le impide volver a ejercer su oficio, el hombre está a la espera de otro golpe: la orden de desalojo de su viejo rancho para dar paso a uno de los megaproyectos energéticos más importantes del país: la hidroelécrica de Porce III, a cargo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y con una capacidad instalada de 660 megavatios.

Desde el 2003, Heriberto sabía del proyecto y que debía abandonar su casa, que comparte con su esposa María Teresa Luna, en el sitio de Puente Acacias, entre Guadalupe y Anorí.

Su situación la comparte con otras 400 personas de veredas como La Bramadora, El Tapao, La Primavera y El Salado, quienes deben salir en los próximos días, pues los terrenos serán inundados para dar paso al proyecto.

Pero mientras Heriberto asegura que está en la zona desde antes del 16 de abril del 2003, cuando el Ministerio de Minas y Energía declaró de utilidad pública e interés social el área del proyecto, lo que significaba que quienes estuvieran después de esa fecha era invasores, otros habitantes, que llegaron más tarde, se niegan a irse.

Y dicen que no los sacarán fácilmente, pese a que muchos ejercen la minería en el río Porce de manera ilegal.

"No tenemos más que esto. Si toca, nos hacemos aporrear", dice con tono de amenaza Jairo Rodríguez, un minero de 48 años que lleva una gorra raída y camisilla blanca mientras saca uno de los costales de piedra y arena que le logró arrancar al río Porce.

Rodríguez trabaja junto con otros 120 mineros en un entable en la vereda de La Bramadora, la zona más habitada y que deberá ser desalojada antes de diciembre de este año.

Allí, sin embargo, sus lugareños, unos 200, se niegan a irse e insisten en sus derechos pese a que muchos llegaron hace 3 y 4 años a la zona.

"Pero somos de acá y EPM no nos ofrece nada. Solo el desalojo y listo. No es justo pues muchos si llegamos antes de la fecha que dicen y no nos metieron en el censo", dice Darío de Jesús García, otro minero con 63 años de vida a cuestas y quien habita una vieja casucha de techo de cinc y madera a orillas del río.

Un desalojo difícil

La situación es hoy para EPM uno de los mayores obstáculos para tener lista la primera etapa de generación de energía de Porce III, proyectada para septiembre del próximo año. Y más cuando algunas comunidades la acusan de maltrato en medio de los primeros desalojos.

Uno de ellos ocurrió hace dos semanas en un cañón a más de 20 metros de profundidad llamado, Territorio. Allí, unas 40 personas fueron desalojadas por las autoridades en un proceso liderado por las autoridades locales.

"Ellos mismos nos empacaron las cosas. Y después quemaron los ranchos pero todavía nos quedaban corotos y ropa", denuncia Nubia Echavarría, quien llegó a la zona hace 4 años junto con sus 4 hijos y que hoy continúa en Bramadora a la espera de un nuevo sitio para vivir.

Para Juvenal Espinal Betancur, subgerente de Desarrollo de Proyectos de Generación de Energía de EPM, aunque la situación no es cómoda para la empresa, sí existe una voluntad para hacer el proceso lo menos traumático posible.

En total, según Betancur, desde el 2003 unas 582 familias y 376 mineros fueron indemnizados por la empresa, a través de compra directa de sus propiedades y reubicación en zonas aledañas o municipios cercanos. El proceso demandó recursos por 92 mil millones de pesos.

"Y en el 2005 unas 1.700 personas exigieron que revisáramos el censo. Así lo hicimos caso por caso y encontramos a 18 que tenían el derecho. Las demás, por situaciones de estos procesos, son invasoras de estos territorios", asegura Betancur, quien muestra cómo EPM destinó recursos para restituir una escuela y otros espacios a los habitantes afectados.

Sin embargo, a través de un abogado, las comunidades interpusieron un recurso de reposición ante la orden de desalojo.

En la decisión, según Nelson Parra, apoderado de las comunidades, se determinó un tiempo de 45 días para que las familias continuaran con la explotación minera mientras se define el proceso de desalojo.

"Durante este tiempo, ni EPM ni las autoridades pueden hacer algún procedimiento en la zona. Además, estamos buscando las pruebas para denunciar lo que pasó en el desalojo en Territorio, que fue ilegal", dijo el abogado.

Mientras tanto, en las zonas de influencia del proyecto, habitantes como Heriberto Ortiz esperan una decisión que al menos les garantice una indemnización en nombre del progreso.

Porce III, la gran apuesta energética

El proyecto energético de Porce III es un sistema que se inició con estudios desde 1974 para aprovechar el caudal del río Porce.
La zona de desarrollo está a 147 kilómetros de Medellín, en los municipios de Amalfi, Anorí, Guadalupe y Gómez Plata, en el nordeste antioqueño.

En total, el proyecto tendrá una capacidad instalada de 660 megavatios, para una generación de 3.106 gigavatios hora/año.
Para su ejecución, Empresas Públicas de Medellín (EPM) comenzó los procesos de compra de predios y negociación con las familias afectadas.

Durante el 2002 y el 2003, EPM realizó los censos mineros y socioeconómicos, y en el 2004 actualizó la información con la cual se elaboró la caracterización socioeconómica de las familias registradas en la base de datos.

A comienzos del 2005, EPM abrió un proceso de reclamaciones mediante el cual se recibieron, aproximadamente, 1.700 reclamos.

En total, 18 personas demostraron su derecho a la indemnización, pero las restantes se quedaron en las zonas de influencia exigiendo lo mismo, pues consideran que también debían ser cobijados por la negociación.
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