Así mismo, de la pérdida de autonomía de las entidades territoriales, a pesar de los esfuerzos que han realizado en materia de gastos para reducir el hueco fiscal en el país.
Y es que a propósito de las elecciones para Senado de la República y Cámara de Representantes, los candidatos a estas corporaciones públicas han descuidado en sus propuestas el tema de la descentralización en Colombia y las estrategias que se deberían debatir en el Congreso de la República para garantizar el desarrollo local y romper con las brechas regionales que existen en nuestro país.
Pasó otra legislatura y el Congreso de la República dejó morir nuevamente la fallida Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que tanto necesita el país para definir claramente las competencias entre la Nación, los departamentos, municipios y distritos, pero especialmente para discutir con todos los sectores de la sociedad civil y los representantes de las entidades territoriales, el modelo de ordenamiento que requiere Colombia en el futuro.
A pesar de estar incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 y de constituirse en una obligación constitucional, como ha sucedido en los últimos años, ni el Gobierno Nacional ni el Congreso de la República mostraron su disposición de impulsar y aprobar esta norma.
Voces regionales como el 'voto Caribe', que claman por una mirada a nuestras entidades territoriales, evidencian el cansancio por el descuido de la Nación a municipios y departamentos, que en su mayoría son azotados no sólo por los fenómenos de violencia y el conflicto armado, sino por la pobreza y la inequidad.
Pero no es con pañitos de agua tibia que se resuelven estos problemas regionales, en su mayoría de carácter estructural, sino con una discusión a fondo sobre nuestro modelo de desarrollo y de ordenamiento territorial, que le permitan a las regiones garantizar las capacidades de autosostenibilidad y competitividad en el mundo global.
De esta manera, proyectos como la vivienda de interés social, los planes maestros de movilidad, la infraestructura vial y de servicios públicos, entre otros, podrán diseñarse desde las entidades territoriales con un verdadero criterio de planificación urbana y regional para beneficio de las comunidades, sin una indebida intervención de la Nación en asuntos que le corresponden de manera autónoma a los departamentos y municipios.
Se esperaría del entrante Congreso de la República y del nuevo Presidente, con su equipo, un compromiso claro de abordar los problemas que afronta la descentralización y definir -de una vez por todas- el modelo de desarrollo y ordenamiento territorial que necesitamos en Colombia.
* MIEMBRO DE LA RED DE INICIATIVAS PARA LA GOBERNABILIDAD, LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO TERRITORIAL, RINDE