Esos planes contemplan reducciones presupuestarias a programas y servicios, el despido de miles de empleados estatales, dejar en libertad a miles de prisioneros y poner a la venta propiedades históricas del estado.
El próximo martes, los californianos acudirán a las urnas para decidir el futuro de varias proposiciones, incluida una que contempla el aumento de algunos impuestos, con las que se busca dar una salida a la grave situación fiscal del estado.
"La pérdida de los ingresos de los impuestos que serían generados si los referendos son aprobados sería devastadora", dijo hoy a Efe Tim Hodson, director del Centro de Estudios de la Universidad Estatal de California en Sacramento (CSUS).
Incluso si se aprueba el aumento de algunos impuestos, el estado se enfrenta a un déficit de más de 15.000 millones de dólares, pero sin ese incremento esa cantidad puede llegar a rebasar los 21.000 millones.
Independientemente de lo que suceda en los referendos del martes, las propuestas del gobernador deben ser debatidas en el parlamento estatal y los recortes que recogen afectan sobre todo a la educación pública, ya que la financiación escolar equivale a cerca del 40 por ciento del presupuesto californiano.
"Estos recortes van a tener consecuencias devastadoras," comentó la presidenta de la Asociación de Juntas Escolares de California (CSBA), Paula Campbell. "Nuestro gobernador y la Legislatura tienen que entender que estos recortes son inaceptables", agregó.
No todos piensan que aprobar las proposiciones que se votarán el martes es la solución a los problemas fiscales del estado.
Ciertas coaliciones, particularmente de salud, aseguran que esas iniciativas son desastrosas para programas y servicios de los que dependen los californianos más necesitados.
"Con o sin los referendos, estos recortes van a dejar a cientos de miles de personas sin seguro médico," alertó Anthony Wright, director de Health Access California.