¿Qué hacer con el desempleo?

El desempleo, la informalidad y los ingresos son problemas que difícilmente se pueden resolver con la puesta en marcha de un sólo programa o la aplicación de recetas tradicionales.

Finanzas
POR:
marzo 26 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-03-26

El desempleo, la informalidad y los ingresos son problemas que difícilmente se pueden resolver con la puesta en marcha de un sólo programa o la aplicación de recetas tradicionales.

Para entender la complejidad que subyace a estos fenómenos y proponer soluciones de largo plazo, quizá lo mejor es clasificar a la población según la intensidad del problema y las estrategias que son efectivas para cada segmento. Un primer segmento estaría conformado por trabajadores no calificados que simultáneamente son no empleables en el sector formal (adultos con estudios de secundaria incompleta o menos, y jóvenes con estudios de secundaria completa o menos).

El segundo segmento estaría conformado por trabajadores semicalificados que transitan entre el desempleo, el sector formal y la informalidad (adultos con secundaria completa y jóvenes con estudios universitarios incompletos o estudios técnicos y tecnológicos de calidad media o baja). El último segmento está conformado por los trabajadores calificados.

Comencemos por hablar de los problemas actuales y sus efectos en cada segmento. Las exenciones al capital que desde el año 2004 introdujeron una distorsión de precios relativos en la economía se han presentado como uno de los principales obstáculos para la creación de empleo formal, lo que afecta la empleabilidad de los trabajadores semicalificados y la capacidad del Gobierno para financiar la seguridad social.

Lo que no se ha discutido sobre este tema es que parte del primer segmento se ha visto enormemente perjudicado, puesto que el capital se torna barato para las empresas formales y costoso para el sector informal, disminuyendo la demanda y la rentabilidad de los negocios informales. Las exenciones, base fundamental de la política de confianza inversionista, explican por qué Colombia pasó a tener la peor distribución del ingreso del continente: el primer segmento fue perjudicado en términos de ingresos, el segundo en términos de empleo, y el tercero se beneficio gracias a la mayor demanda de trabajo calificado que implica la mayor inversión.

Moraleja: la confianza inversionista es incompatible con la cohesión social, por la forma equivocada en que se concibió la primera.

Un segundo problema son los costos laborales. El DNP ha mostrado que la relación salario mínimo-PIB per cápita es muy elevada, con respecto a los países de Latinoamérica y otras economías desarrolladas, golpeando fuertemente la competitividad del país. Por otro lado, los costos que deben asumir las empresas en seguridad y previsión social hacen que el salario mínimo en Colombia sea $908.000 mensual y no $515.000.

La barrera de $908.000 es infranqueable para los pequeños negocios y las microempresas cuando quieren contratar trabajadores del primer y segundo segmento. Por tal razón, el salario mínimo no es un parámetro respetado por el mercado laboral colombiano: el 45 por ciento de los trabajadores ganan menos de esta cifra.

Es importante advertir que el año pasado el salario mínimo se incrementó 5,7 por ciento en términos reales -en plena recesión-; eso presionó enormemente el incremento de la tasa de desempleo. Por supuesto, no se trata de reducir el salario mínimo, pero al menos no lo sigamos aumentando en términos reales mientras el desempleo esté por encima de un dígito.

Desde este panorama, no es sorprendente que los jóvenes no calificados se encuentren actualmente excluidos del sector formal y enfrenten tasas de desempleo cercanas al 40 por ciento. Diferentes factores conspiran en contra de la empleabilidad de este grupo. Por un lado, su productividad es inferior al salario mínimo, y por el otro, la legislación del contrato de aprendizaje implica que las empresas pueden contratar aprendices, a una tarifa correspondiente al 75 por ciento del salario mínimo, sin prestaciones sociales.

Si no queremos ver a los jóvenes deambular por las calles o tentarse por la criminalidad, el salario mínimo para ello debe bajar en una proporción similar. Adicionalmente los jóvenes enfrentan un problema de capacitación. Los estudios a nivel mundial nos enseñan que el mejor entrenamiento se adquiere en el trabajo. En Colombia, el Sena es el mayor proveedor de formación para éste, concentrando buena parte de los recursos en capacitación para las empresas.

Así las cosas, el salario mínimo no sólo excluye a los jóvenes de un empleo formal, sino también de la práctica en las empresas. Un tercer problema son las decisiones racionales de los individuos. Los niveles de vida de las personas por fuera del mercado laboral o en la informalidad se han elevado enormemente gracias al aumento precipitado de los subsidios, sin estar soportados por un análisis técnico ('requisitos de acceso, instrumentos de focalización, calidad y acceso a servicios, financiación y gasto recurrente, evasión, transiciones informal-formal, incentivos, riesgo moral y dependencia, complementariedad con otros programas, salarios de reserva, etc.').

Un programa como Familias en Acción es de enorme ayuda para mitigar la pobreza extrema y el desplazamiento. Sin embargo, cuando el subsidio llega a personas que no están en esa situación, se genera una dependencia del Estado y un desaliento por la búsqueda de trabajo, con el efecto contrario al objetivo anhelado. Probablemente el problema sea de enfoque: el Sisbén identifica el doble de pobres extremos comparado con la medición por ingresos. Al focalizar con Sisben una de cada dos personas no hace parte de la población objetivo. Ojala el país incorpore en el futuro la duración del desempleo como variable clave en la focalización, tal como lo hacen los países desarrollados.

Discutamos otras propuestas. Se requiere principalmente dos grandes reformas; una tributaria, que busque mejorar la eficiencia del sistema actual, financiar la seguridad social (incluyendo el Icbf y el Sena), reducir los impuestos al empleo, eliminar las exenciones al capital y ampliar la base tributaria. Otra al sistema de protección social, donde se diseñe un sistema de seguridad social para el sector informal, se introduzca un seguro al desempleo, se proyecte el tránsito entre los regímenes contributivos (del formal y el futuro informal) y el régimen subsidiado, se mejore el financiamiento, se reforme el Sena, se diseñen los mecanismos para que la asistencia social abandone los incentivos perversos de la dependencia estatal y se refuerce financieramente la Red Juntos. En otras palabras avanzar hacia un estado de bienestar.

Un tema prioritario para el primer segmento es poner en funcionamiento la política de generación de ingresos que hace seis meses expidió el Gobierno Nacional mediante Conpes. Igualmente se debe reactivar el programa Empleo en Acción que presentó buenos resultados en los años posteriores a la crisis de 1999, corrigiendo los problemas observados en las evaluaciones.

También es urgente profundizar los esfuerzos que el Ministerio de Comercio ha realizado en la reducción de costos para la creación de empresas y la gradualidad en el pago de impuestos para las empresas que se legalicen. La oficialización de microempresas es el paso más importante hacia la formalización del empleo y el crecimiento de la productividad del país; hoy en día los pequeños negocios no pueden acceder a crédito, a las cadenas de producción, ni a las ventas externas por estar aisladas y excluidas en la informalidad.

Por último, la calidad de la educación en Colombia sigue siendo de las más bajas del mundo; a largo plazo ésta es la política que finalmente puede mejorar las condiciones del mercado laboral; de hecho la clasificación por segmentos al inicio de este artículo está basada en cantidad y calidad de la educación, base central de la política social y prioridad del próximo Gobierno.