Se desinfla el referendo

La decisión de la Corte Constitucional en el sentido de que no es posible revisar un fallo de exequibilidad tranquiliza el ambiente.

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julio 02 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-02

EL PUENTE DE SAN PEDRO no fue una ocasión festiva ni para el Gobierno ni para la Corte Suprema de Justicia. Los funcionarios y asesores más cercanos al presidente Álvaro Uribe se ocuparon de calibrar las diferentes opiniones sobre la propuesta de referendo con que el Jefe del Estado buscaba contrarrestar los efectos del fallo de condena a la ex representante Yidis Medina, en el cual el alto tribunal señala que en la aprobación de la reforma constitucional que dio vía libre a la reelección presidencial hubo "desviación de poder" por parte del Ejecutivo.

Hacía muchos años no se presentaba una tormenta política de semejante magnitud. La mayoría de los analistas y columnistas criticaron tanto a la Corte como al Ejecutivo, y señalaron la gravedad de una crisis de imprevisibles consecuencias que ponía en tela de juicio la estabilidad institucional. Las alertas se prendieron también entre amigos cercanos del Gobierno,  miembros de los partidos de la coalición oficialista, y sectores como la Iglesia y los gremios empresariales. La sensación de zozobra e incertidumbre era evidente.

Pasado el puente, y en ambiente de crisis, los magistrados de la Corte Suprema sostuvieron intensas consultas preparatorias de una sala plena extraordinaria en la que el martes fijarían su posición frente a la ofensiva del Gobierno que, además, por medio del Consejero de Paz y el Ministerio de Protección Social, había instaurado dos demandas contra miembros del alto tribunal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por presuntos nexos de magistrados con el narcotraficante Giorgio Sale, una, y por falsas imputaciones, la otra. 

El lunes 30, las posiciones en ambos flancos parecían haberse suavizado. Los hombres más cercanos a Uribe, entre ellos el secretario general Bernardo Moreno y el recién posesionado ministro del Interior Fabio Valencia, le recomendaron al mandatario reconsiderar la propuesta del referendo porque estaba produciendo un efecto de bumerán que podría resultar muy costoso en términos políticos para el Gobierno y acarrear efectos nocivos para la economía.

En buena medida, los asesores de Palacio basaron su recomendación en las múltiples y duras críticas que, dentro y fuera del país, había recibido la propuesta de repetir elecciones y en las dudas sobre su viabilidad jurídica. En el Gobierno caló hondo una opinión del ex vicepresidente Humberto de la Calle, especialista en Derecho Público y miembro de la recién nombrada Comisión de Notables para el reajuste institucional, quien explicó en el programa Hora 20 de Caracol Radio que ni la Constitución ni la ley hacían viable una consulta de esa naturaleza y que para sacarla adelante era necesario reformar la Carta Política o pasar por encima de ella.

En el preámbulo de la sala plena, la Corte descartó propuestas sueltas de algunos miembros de la Sala Penal, como denunciar penalmente al Presidente por injuria y calumnia, o hacer una "renuncia simbólica" para llamar la atención sobre la ausencia de garantías para la administración de justicia. Prevaleció, sin embargo, lo que el presidente de la corporación Francisco Ricaurte llamó "corriente de la sindéresis". 

Un bloque mayoritario coincidió en que era necesario dar una respuesta firme pero ponderada y abogar por una salida a la crisis dentro de los cauces institucionales. Por eso el pronunciamiento de fondo se limitó a  reivindicar las razones de Derecho que sirvieron de sustento a la sentencia contra Yidis Medina y a rechazar las insinuaciones del Gobierno sobre la injerencia del "terrorismo" en las consideraciones del fallo.

El martes 1, cuando se inició la sala plena extraordinaria, los 25 magistrados coincidieron en la necesidad de dejar abierta la puerta para recuperar la armonía en las relaciones con el Gobierno y por eso ratificaron la autorización al presidente del tribunal para reunirse "de manera oficial y protocoloria" con el nuevo ministro Fabio Valencia Cossio, que había pedido audiencia con la sala plena.

Poco a poco fue bajando la marea y los ánimos se empezaron a calmar. En ambas esquinas surgieron actitudes tranquilizadoras. El presidente Uribe autorizó a su ministro del Interior para diferir la presentación del proyecto de referendo al Congreso y desistió de convocar a sesiones extras del Congreso. Por su parte, la Corte emitió un comunicado en el que, en tono tranquilo, llamó el Presidente a "respetar los fallos judiciales" y  reiteró que sus consideraciones sobre las consecuencias de la condena de Yidis Medina se limitaban a la validez del Acto Legislativo y no a la legitimidad de la elección de 2006. El comunicado sirvió para apaciguar los ánimos.

El Gobierno respondió con un comunicado más, el martes en la noche, también en tono más conciliatorio. Necesitados de instrumentos y argumentos para encontrar una salida digna y superar el grave incidente, encontraron un buen árbitro en la Corte Constitucional que, justo en ese momento, estudiaba una demanda de varias Organizaciones No Gubernamentales que piden una revisión extraordinaria del fallo que, en junio de 2005, declaró Constitucional la reforma que autorizó la reelección presidencial.

Juega el árbitro

La Corte Constitucional inició el estudio de la demanda de las ONG el miércoles 2 de julio, sobre la base de propuestas que presentó una comisión de ponentes, coordinada por el magistrado Rodrigo Escobar. La corporación decidió que los ponentes debían ser los mismos magistrados que dieron su voto favorable al Acto Legislativo en 2004, porque tenían más elementos de juicio para decidir si el delito por el que la Corte Suprema condenó a Yidis Medina podría haber viciado la voluntad del Congreso e incidido en los resultados en las urnas.

Además de Escobar, la comisión de ponentes estuvo integrada por los magistrados Manuel José Cepeda, Marco Gerardo Monroy Cabra y Clara Inés Vargas. Mauricio González, que reemplazó a Alfredo Beltrán y quien podría haber hecho parte del equipo, decidió apartarse del caso por haber sido secretario jurídico de la Presidencia del gobierno de Uribe.

La Corte consideraba más de una opción. En primer lugar, tramitar rápidamente la demanda, sin estudiarla a fondo, con un argumento de procedimiento: que no había lugar a estudiar el caso porque los fallos de constitucionalidad no se pueden revisar después de un año de haberse promulgado. En segundo lugar, hacer una análisis de fondo con altas posibilidades de llegar a la conclusión de que debía reiterar la jurisprudencia en el sentido de que sus decisiones no son rectificables. Finalmente, decidió que no es competente para revisar fallos sobre asuntos constitucionales que ya hicieron tránsito a cosa juzgada y lo hizo por una mayoría holgada: siete votos contra uno. De esa manera descartó por completo la posibilidad de cambiar la tendencia histórica y determinar que había suficientes elementos excepcionales que justificaban revisar el proceso legislativo que reformó la Constitución para introducir la reelección presidencial inmediata.

Al anochecer del miércoles, CAMBIO conoció la esencia de la decisión, basada en la tesis de "cosa juzgada constitucional", porque no existía "elemento habilitante" para la revisión. Con ese pronunciamiento del máximo juez de la Constitución la convocatoria del referendo presidencial sería innecesaria y en la práctica carecería de sentido.

Qué sigue

En síntesis, todos los elementos conducen a pensar que la polémica propuesta del presidente Uribe para adelantar elecciones se queda sin oxígeno. La puja entre el Ejecutivo y la Corte Suprema bajó de intensidad, y las posiciones jurídicas tanto de la Corte Suprema como de la Constitucional, despejaron cualquier duda sobre la legalidad de las elecciones de 2006. Desde el punto de vista jurídico, el camino de salida de la crisis se fue despejando. Y en el clima de opinión pública, la noticia de la liberación de 15 secuestrados de las Farc mediante una impecable operación de rescate, desplazó de la agenda pública la preocupación por la crisis.

No obstante, esto no significa que el asunto esté totalmente concluido. Los procesos judiciales sobre la parapolítica y la 'Yidispolítica', que involucran a altos funcionarios, siguen adelante y están ad portas de decisiones claves en materia penal y disciplinaria. En lo formal, falta ver si con los argumentos que le dieron las Cortes sobre la legitimidad de las elecciones, el Gobierno renuncia a la idea de realizar el referendo, o si la iniciativa se asfixia y va perdiendo fuerza por pura y simple falta de sentido.

Y queda pendiente el estatus final de las relaciones entre el presidente Uribe y la Corte. El ministro Valencia Cossio, después de un bautizo de fuego, vuelve a quedar habilitado para seguir adelante en su empeño, anunciado cuando se posesionó, de tender puentes y buscar mecanismos de diálogo entre los dos poderes que aún no han curado sus heridas.

El Presidente y la Corte Suprema han expresado sentimientos y posiciones muy radicales, y demostraron que, bajo presión, pueden llegar a límites peligrosos. No hay nada, por el momento, que blinde a las dos partes de nuevas salidas en falso, o que indique que el choque de poderes está controlado en forma definitiva. La Corte aún debe tramitar procesos penales contra cercanos aliados del Gobierno, y sus decisiones pueden volver a despertar inquietudes en el uribismo sobre la objetividad y equilibrio del máximo tribunal judicial.

También habrá que ver si las duras críticas que recibió el presidente Uribe por la propuesta del referendo hicieron mella en su imagen. Es posible, sin embargo, que el previsible impacto positivo de la liberación de los secuestrados de las Farc ayude a compensar el daño causado por la cascada de cuestionamientos. Pero nada garantiza que se disipen por completo las dudas  sobre la disposición del Presidente a centralizar el poder y a controlarlo todo, o se despejen los interrogantes planteados sobre si Uribe es capaz de acudir a cualquier medio con tal de alcanzar un fin.

Más allá de los altos índices favorables al Presidente,  ¿se afectará la posibilidad de una nueva reelección? Una cosa es que se haya absuelto la duda sobre el proceso de reforma que hizo posible la reelección en 2006 y otra muy distinta que se disipen las inquietudes sobre los efectos que tiene el ejercicio de poder durante un tiempo largo. Hace una semana la opinión pública estaba sacudida por la incertidumbre y preocupada por el exceso de confianza que genera el ejercicio continuo del gobierno por una sola persona.

Pero con la sorpresiva liberación de Íngrid Betancourt, los tres estadounidenses y 11 miembros de las Fuerzas Armadas, la tormenta cesó y el ánimo colectivo alcanzó un punto muy alto. La pregunta es cuánto durará.

"DESVIACIÓN DEL PODER"

Cuando era candidato, Uribe demandó por "desviación del poder" dos artículos de la Ley de Presupuesto de 2002, pero no prosperó.  La solicitud que, en la sentencia contra Yidis Medina por cohecho propio, le hizo la Corte Suprema a la Constitucional para que evaluara una posible "desviación del poder" del Ejecutivo, en el trámite de la reforma que hizo posible la reelección, fue el gatillo que desató la ira del Presidente que salió al paso con una propuesta de referendo para repetir las elecciones de 2006. 

Uribe acusó a la Corte de politizar decisiones jurídicas y varios analistas coincidieron en que el alto tribunal se había extralimitado. Sin embargo, la figura de "desviación del poder" no es nueva en la jurisprudencia colombiana y CAMBIO puedo establecer que desde 2000 la Corte Constitucional la ha examinado en por lo menos dos oportunidades: la primera de ellas a partir de una demanda que, paradójicamente, interpuso Álvaro Uribe en 2001, cuando era candidato a la Presidencia. 

Uribe demandó dos artículos de la Ley 628 de Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital (2000) para la vigencia fiscal de enero-diciembre de 2001, con el argumento de  que el Gobierno había resucitado los auxilios parlamentarios en la  figura de los "cupos indicativos", no solo con el objeto de garantizar la aprobación de la ley, sino de incidir en las elecciones que se avecinaban.  La demanda llevó a la Corte a definir el concepto de "desviación del poder" y a considerarlo como una de las causas que podrían determinar la inconstitucionalidad de las normas demandadas.

Mediante la sentencia C1168 de 2001,  señaló que la desviación de poder "hace referencia a aquellos casos en los que la autoridad acude a un medio legítimo, como puede ser la expedición de una ley o la aprobación de unas partidas presupuestales, pero para alcanzar fines ilegítimos, como pueden ser perturbar la transparencia de los debates electorales".  Advirtió, sin embargo, que  "es obvio que usualmente esos fines inválidos no quedan formalmente incorporados en la disposición aprobada pero constituyen los móviles reales de la actuación estatal, y por ello la invalidan (...)  En tales circunstancias, si el Ejecutivo utiliza la incorporación de determinadas partidas, aparentemente válidas, pero con el propósito de influir en las votaciones del Congreso, estaríamos en una típica desviación del poder, que podría acarrear la inconstitucionalidad de esas apropiaciones".

No obstante, la demanda de Uribe no prosperó porque la mayoría de los magistrados consideró que la "desviación del poder" no solo debía ser presumida sino probada por el demandante.

Esta y otra sentencia similar las tuvo en cuenta la Corte Suprema para incorporar en la sentencia condenatoria contra Yidis, la petición a la Corte Constitucional para que evalúe el tema en relación con la aprobación del acto legislativo que dio vía libre a la reelección presidencial.

Los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte consideraron que en el caso había pruebas suficientes para demostrar "desviación del poder" por parte del Ejecutivo.  Por eso, en la  sentencia contra Yidis dicen que "las circunstancias de hecho y de Derecho que sirven de fundamento a la sentencia indican que la aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder, en la medida en que el apoyo de una congresista a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas".

Corresponde ahora a la Corte Constitucional decidir si hay o no razones para una revisión extraordinaria del fallo que en 2005 declaró exequible la reelección inmediata del presidente Uribe.  Desde 1991, cuando fue expedida la Constitución vigente, no existen antecedentes sobre revisiones extraordinarias como la que ahora pide la Corte Suprema, pero según el constitucionalista Juan Manuel Charry Urueña, "la Corte tendrá que pronunciarse, con lo cual sentará una jurisprudencia que resultará histórica".

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