Despedazan la reforma tributaria

La intención del Gobierno de concentrar todos los impuestos y sus respectivas exenciones, descuentos y beneficios en el Estatuto Tributario, no corresponde a una decisión unánime al interior del Ejecutivo. Es más, el propio presidente Alvaro Uribe entró a participar en el proceso de despedazar el proyecto del Ministerio de Hacienda.

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agosto 14 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-14

El viernes pasado, en la Convención Bancaria, realizada en Cartagena, dijo que para favorecer a la clase media, está de acuerdo con hacer ajustes a la iniciativa. Se mostró partidario de subir el tope de exención en el 4 x 1.000, que hoy está en 4,2 millones de pesos, y que sea para todo el mundo y no sólo para la vivienda. La propuesta plantea que eso se baje a 2,8 millones de pesos. Igualmente, propuso bajar la tarifa marginal del impuesto de renta para las personas naturales. La idea es que para los salarios altos, superiores a 25 salarios mínimos, la cifra sea del 34 por ciento. En lo que toca a las AFC, Uribe propuso establecer un tope para que se siga sosteniendo como un estímulo para que los asalariados reduzcan su base de retención en la fuente. Dijo que es partidario del subsidio de cinco puntos para las tasas de interés de la VIS. La arremetida contra el proyecto de reforma tributaria viene de todas partes. Incluso de los ministerios distintos al de Hacienda y congresistas de la coalición uribista. Por ejemplo, adicional al impuesto al patrimonio anunciado por el presidente Alvaro Uribe, el Ministerio del Interior buscará en el Congreso autorización para un nueva contribución para la seguridad. A esto se suma el hecho de que mientras el proyecto de reforma tributaria establece que se derogan todas las normas referentes a impuestos, lo que llevaría a que ya no opere, por ejemplo, la ley de zonas francas aprobada al finalizar el año pasado y que entraría a regir en enero del 2007, el presidente Uribe propuso la semana pasada en Barranquilla una fórmula de concertación para que lo de zonas francas (que pagarían desde enero un impuesto de renta del 15 por ciento) se mantenga en el proyecto. Así mismo, frente a las exenciones en renta que tienen los cultivos de tardío rendimiento o el sector maderero, el mandatario ya abrió la puerta para que estos se puedan sostener. La semana pasada en uno de sus discursos ante representantes del agro, dijo: “Por eso le he pedido al Ministro de Agricultura que con los gremios examinen muy cuidadosamente las cifras, y verifiquemos la propuesta del Ministerio de Hacienda. Si llegare a haber dificultades, buscamos los correctivos que se necesiten, pero lo que requerimos es una reforma tributaria que no le dé miedo estimular el crecimiento de la economía”, dijo. De la misma manera, el senador Germán Vargas Lleras, de la coalición uribista tiene su propia propuesta de reforma tributaria (ver nota anexa), en donde propone IVA general del 15 por ciento e impuesto de renta del 35 por ciento. Otra propuesta que avanza en el Congreso es la de la senadora Alexandra Moreno, para prorrogar la Ley Quimbaya, que otorgó exenciones en renta a las empresas que se instalaran en la zona afectada con el terremoto del Eje Cafetero. Esta ley que expiró el 31 de diciembre pasado, busca extenderse hasta finales de 2015 y pretende ampliar la exención por diez años más. En cuanto a la propuesta del Ministerio del Interior, se trata de un gravamen del 5 por ciento por la celebración de todos los contratos de obra y de concesión. La propuesta está contenida en el proyecto de ley que busca prorrogar la Ley 418, conocida como ley de Orden Público. Esta ley fue dictada en 1997 para hacer viables los eventuales procesos con los grupos guerrilleros. Luego fue modificada para darles carácter político a los grupos paramilitares. Y ahora se busca prorrogarla por cuatro años, debido a que su vencimiento está previsto para el 23 de diciembre próximo. Según el ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, la prórroga de la contribución del 5 por ciento por la realización de obras públicas se extenderá también a las concesiones, expresamente exentas según la ley vigente. “Dicha modificación encuentra asidero en que los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría no reciben recursos de seguridad por este concepto, toda vez que no ejecutan contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías de comunicación terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales”, dijo. Los congresistas afirman que el Gobierno no puede ser el que inicie el desorden en materia de impuestos, tasas, contribuciones y pagos parafiscales. PROYECTO EQUINO En los proyectos que están en curso en el Congreso, presentados desde el pasado 20 de julio, hay algunos muy novedosos. Mario Uribe, senador primo del Presidente de la República y muy conocido por su afición a los caballos, presentó uno precisamente para declarar “patrimonio cultural de la Nación al caballo criollo colombiano de paso en sus cuatro andares: paso fino, trote y galope, trocha pura y trocha y galope”. El proyecto abunda en datos sobre las características de los caballos, las asociaciones existentes en el país, los criaderos, las exposiciones y los ejemplares ‘genotipificados’. El proyecto busca darle facultades a la Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas para llevar el libro genealógico de los caballos y dar el certificado de raza y pureza.

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