Destituido el exgerente del Acueducto de Bogotá

La Procuraduría determinó que Diego Bravo no podrá ejercer cargos públicos por 12 años.

Diego Bravo fue destituido e inhabilitado por 12 años.

Archivo Portafolio.co

Diego Bravo fue destituido e inhabilitado por 12 años.

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diciembre 09 de 2013 - 03:27 p.m.
2013-12-09

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al exgerente del Acueducto de Bogotá Diego Bravo por fallas en el modelo de recolección de basuras en la capital de la República.

En la decisión de primera instancia, el Ministerio Público también inhabilitó por 11 años a Henry Romero Trujillo, en su calidad de director de la Unidad Administrativa Especial de Servicio Públicos de Bogotá (Uaesp) por irregularidades en la suscripción del contrato interadministrativo 017 del 11 de octubre del 2012, que pretendía la prestación del servicio de aseo en toda la ciudad de Bogotá a partir del 18 de diciembre de 2012.

Según la Procuraduría, con dicho contrato se vulneraron los principios de economía, planeación y responsabilidad, por cuanto la EAAB “no contaba con la capacidad técnica y experiencia para prestar el servicio público de aseo en condiciones de calidad y eficiencia, tal como lo exige el ordenamiento jurídico”.

De igual manera, el Ministerio Público calificó de “improvisación e insuficiencia” de los estudios previos que pretendían que en un término de 2 meses y 7 días se planeara la prestación del servicio de aseo a una ciudad con más de 1.700.000 suscriptores, que genera un volumen de 20.000 toneladas de escombros y más 7.500 diarias aproximadamente, de las cuales 1.200 son recogidas, tratadas y comercializadas por los recicladores de oficio, y 6.300 son objeto de recolección y transporte.

Así mismo, la Procuraduría halló que en los estudios no hubo un análisis de la problemática de los volúmenes de residuos generados; de los aspectos del servicio que requerían un tratamiento prioritario o de intervención inmediata; de la metodología o políticas que generaran conciencia ciudadana del aprovechamiento y manejo ambiental para contrarrestar los mayores costos del servicio, aspectos que pese a tener incidencia en el objeto contractual, no fueron tenidos en cuenta por la UAESP para delimitar el objeto a contratar y determinar los requisitos o condiciones que debía cumplir el prestador del servicio de aseo, en este caso la EAAB.

De igual manera, se determinó que “vulneró los principios contractuales y de la función pública de economía, planeación y responsabilidad, al comprometer en forma deliberada e improvisada los recursos públicos, sin analizar si le era posible cumplir con la obligación de prestar el servicio de aseo en toda la ciudad de Bogotá después del 18 de diciembre de 2012 de una manera continua y eficiente”.

Por estos mismos hechos está siendo investigado el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y al menos cinco funcionarios más de su administración.

Hace un año, el 18 de diciembre del 2012, el alcalde de Bogotá implementó el nuevo esquema de aseo en el que debía incluir a la población recicladora, tal como lo ordenó la Corte Constitucional. Sin embargo, tras la implementación hubo caos de aseo, debido a que varias localidades se quedaron sin la recolección de basuras.

REDACCIÓN ELTIEMPO.COM

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