La deuda pendiente

La celebración del IV Congreso Nacional de la Infraestructura, que comienza mañana en Cartagena, es una nueva oportunidad para insistir en la necesidad de atención que exige un sector en donde abundan más las promesas que las realizaciones. Y es que tanto los balances de las obras, como los indicadores internacionales muestran que Colombia registra en este tema un atraso abismal, sin que la administración Uribe tenga mucho qué mostrar y sin que al parecer haya aprendido la lección que deja un lustro casi perdido.

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noviembre 14 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-11-14

La gran ironía es que esta situación ocurre cuando las condiciones objetivas para el desarrollo de puertos y carreteras son las mejores en décadas. Estiman los organizadores del certamen gremial, que no solo el crecimiento económico, sino también el interés hecho explícito por parte de los llamados inversionistas institucionales de impulsar obras en este sector, se convierten en espacios muy halagüeños para impulsar la ejecución de nuevos proyectos en todos los campos. Pero ese interés contrasta con la incapacidad oficial de hacer las cosas bien o de manera transparente, con lo cual se siguen incubando futuros dolores de cabeza, como es el caso del anunciado túnel de la Línea, que quiere ser contratado antes de que las firmas serias tengan toda la información geológica que semejante iniciativa requiere. Tanta incompetencia resulta apabullante a la luz de las necesidades. Para comenzar, es evidente que la realidad del mundo globalizado y la suscripción de nuevos tratados comerciales exigen a Colombia mejores niveles de competitividad. La modernización de la red vial, que aún cuenta con escasos kilómetros de dobles calzadas, y la ampliación de los servicios portuarios y aeroportuarios, son requisitos ineludibles para alcanzar dichos propósitos. No obstante, en el sector transporte no ha sido norma de conducta la buena planeación. Por el contrario, son múltiples los ejemplos de improvisación en materia de obras civiles, como ocurre con el puente de Yondó, que conecta a Barrancabermeja con una zona de Antioquia donde no existe carretera. También son conocidos los casos de vías locales construidas sin diseños ni criterio alguno de priorización, solo con el propósito de satisfacer las peticiones de determinados dirigentes. Se dice, con razón, que tras la abolición de los sonados auxilios parlamentarios en la Constitución de 1991, apareció la modalidad del favor político, a través de la asignación de obras y carreteras. Es necesario, entonces, un gran remezón, reflejado en nuevas obras. Para ello no basta la buena economía. Se requieren también la garantía de la seguridad jurídica para los empresarios y contratistas, y reglas claras a los inversionistas privados, que deberán ser protagonistas claves de los nuevos desarrollos, dadas las limitaciones fiscales que afectan al país. La Cámara Colombiana de la Infraestructura, organizadora del evento de Cartagena, estima que solo a través de inversiones estratégicas y cuantiosas en este sector, podría evitarse un eventual fenómeno de desaceleración económica. Son evidentes las amenazas que se ciernen sobre economías como la colombiana a raíz no solo de la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, sino también de las dificultades que se vislumbran sobre Venezuela, tan ligada a nuestros intereses comerciales. Afortunadamente hay espacio para rectificar. Es cierto que se desperdiciaron tiempo y recursos en la ejecución del famoso y controvertido Plan 2.500 de vías locales, dejando de lado las grandes obras de competitividad. Pero las condiciones están dadas para que el Gobierno impulse un gran acuerdo nacional alrededor de un programa agresivo y estratégico en este campo. Para lograrlo, faltan humildad, voluntad y caras frescas. Sin embargo, lo que está en juego es mantener las altas tasas de crecimiento actuales y atender las exigencias que en materia de competitividad señalan los mercados externos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, llevar el Estado a las más apartadas regiones e impulsar mejores tasas de empleo a través de las obras públicas. La celebración del Congreso de la Infraestructura es una buena ocasión para reorientar la política hacia un sector en el que abundan más las promesas que las realizaciones”.

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