El día después

El día después

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octubre 29 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-10-29

Después de las elecciones del día de ayer en las que millones de colombianos volvieron a demostrar con su voto que el derecho a elegir y ser elegido se ejerce en todos los rincones del país, comienza para los ganadores el proceso de prepararse para asumir sus nuevas responsabilidades con la llegada del próximo año. Por tal motivo, y más allá de los nombres de quienes tendrán a su cargo las 32 gobernaciones, las 1.098 alcaldías, las asambleas departamentales, los concejos municipales y las juntas administradoras locales, no está de más recordar el tamaño del reto que este grupo de personas tiene ante sí. El principal desafío, por más simple que suene, es el de ser buenos administradores. Y es que a lo largo de los últimos años las finanzas públicas de los entes territoriales han mostrado claros signos de recuperación gracias a la expedición de diferentes leyes que fijaron parámetros claros y limitaron las conductas impropias. Debido a ello, el superávit fiscal regional y local se sostuvo alrededor de 0,4 por ciento del Producto Interno Bruto en los últimos cinco años, mientras que el saldo de la deuda territorial bajó de 8,9 por ciento del PIB en el 2002 a 4,6 por ciento en el 2006, su nivel más bajo desde 1990. En contraste, la inversión de gobernaciones y alcaldías aumentó de 1,9 por ciento a 3,7 por ciento del PIB en el mismo período. Pero esa relativa holgura no puede ser interpretada como la desaparición de los riesgos financieros territoriales en materia de endeudamiento. La experiencia nacional e internacional enseña que en coyunturas de auge del ciclo económico se pueden generar problemas de exceso de créditos. Por esa razón, los gobernantes elegidos deben hacer caso omiso a los cantos de sirena que ocasiona la euforia financiera. Así, es importante que prestamistas, proveedores, mandatarios y órganos de control observen un estricto cumplimiento de las normas vigentes en materia de disciplina fiscal, con énfasis en mantener niveles sostenibles de deuda y evitar excesos en gastos de funcionamiento. Dicho lo anterior, no hay duda de que las regiones y municipios manejan recursos en cuantías muy importantes, pues uno de cada seis pesos que gasta el sector público en Colombia corresponde a las gobernaciones y uno de cada cuatro a las alcaldías, sumas que en conjunto se acercan a los 60 billones de pesos en 2007, en el caso de la inversión. Debido a ello, el principal desafío es mantener a raya a la corrupción que, lamentablemente, también se ha descentralizado en la medida en que el destino de los dineros públicos ya no es una decisión exclusiva de la capital de la República. En consecuencia, los administradores regionales y locales no pueden olvidar que su labor es clave en un país en donde casi la mitad de la población es considerada como pobre, con niveles particularmente bajos de cobertura de agua potable y educación en diversas zonas. Para quienes se desvíen del camino correcto, no debe haber proceder diferente que aplicarles todo el peso de la ley. En el 2006, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación aplicó 1.436 sanciones a las alcaldías, 525 a los concejos y 259 a las gobernaciones. No obstante, hay elementos para pensar que los corruptos tratan de buscar nuevos métodos para esquilmar al fisco y aprovechar el alcance limitado de los órganos de control, haciendo operaciones indebidas tanto en el recaudo de recursos como en el gasto de los mismos. De todas las modalidades conocidas, quizás la más preocupante es la práctica cada vez más generalizada de utilizar al sistema judicial con el fin de apropiarse de los dineros destinados a la inversión social. En este verdadero tinglado del mal participan un puñado de jueces, abogados y servidores públicos cuyo comportamiento es simplemente asqueante. Para evitarlo es fundamental que la sociedad reaccione, pues el acto de fe en la democracia que constituyó la jornada del domingo, requiere y exige el correcto proceder de los miles de personas en las cuales los colombianos pusieron sus esperanzas de un mejor futuro para todos. Los administradores regionales y locales no pueden olvidar que su labor es clave en un país en donde casi la mitad de la población es considerada como pobre”.

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