Dictadura para la usura

Se cumplieron tres décadas del derrocamiento del gobierno constitucional argentino y la instauración de la dictadura militar de Videla, Massera, y Agosti; y la mayoría de publicaciones que recordaron el hecho se centraron, con razón, en denunciar la brutal represión que dicho régimen aplicó a sus opositores.

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mayo 09 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-05-09

Es verdad que grupos paramilitares de derecha como la Alianza Anticomunista Argentina, bajo la conducción de José López Rega, habían comenzado a asesinar opositores bajo el gobierno de Stella de Perón, y es también cierto que grupos armados habían realizado operativos tan osados que los militares obtuvieron de la presidenta una orden para reprimirlos; y amparados en la misma, cometieron toda clase de desmanes. Las torturas, el lanzamiento de presos políticos desde aviones sobre el Río de la Plata y el exilio de miles de argentinos, quedaron documentados en el informe “Nunca Más” dirigido por Ernesto Sábatto que permitió identificar ocho mil casos documentados de tortura y desaparición. Películas como La noche de los lápices y Sur, dejaron registrado para la historia ese oscuro período, y hay grupos que critican la decisión del presidente Kirchner de declarar un día festivo nacional en conmemoración de la caída del gobierno constitucional, pues consideran que ese no es un evento que merezca celebrarse y que antes bien, lo que inspira es pena y dolor. La realización del Mundial de fútbol y la obtención del título por Argentina (aún a pesar de la corrupción y arbitrajes amañados que la acompañaron), lo mismo que la toma de las Malvinas durante el período de Leopoldo Galtieri, sólo fueron estrategias para tratar de legitimar un régimen infame. Pero de lo que se ha hablado poco, es de la política económica adoptada por el régimen militar en beneficio de la especulación financiera y del estímulo a un desbordado endeudamiento externo que no se canalizó en inversión productiva. La deuda externa argentina ascendía a 7.000 millones de dólares al llegar la dictadura y para 1983, cuando retornó la democracia, la misma ascendía a 45.000 millones de dólares. Siendo superministro de economía, José Alfredo Martínez de Hoz (ex funcionario del grupo Rockefeller, y único que duró cinco años en el cargo), y presidente del Banco Central Domingo Cavallo, la deuda privada fue nacionalizada. El establecimiento de un tipo de cambio fijo de dos mil pesos por dólar, con tasas de interés internas superiores a la del mercado internacional, Argentina derivó en una “Patria financiera” en la que no era rentable la inversión productiva, la moneda revaluada quebró a los exportadores de fruta; y se volvió un deporte nacional el colocar los ahorros en la especulación y sentarse a esperar los rendimientos financieros. A su llegada, el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín llevó a juicio a los militares, pero fueron amnistiados por el presidente Menem con el argumento de que ello serviría como un camino hacia la reconciliación. Por fortuna las leyes de Punto Final, y Obediencia Debida, que ponían una fecha límite a las demandas por violación a los derechos humanos y exoneraban de culpa a los su-balternos que habían acatado las infames órdenes, acaban de ser derogadas por la Corte Suprema de dicho país. Resta mucho para que se haga plena justicia, y quizás nunca se cierren del todo las heridas, pero lo que es cierto es que la comunidad internacional y los ciudadanos en cada país, están cada vez menos dispuestos a aceptar que las violaciones flagrantes a la condición humana permanezcan en la impunidad. En el caso argentino, lamentablemente, poco se habla aún de los que se lucraron de las políticas adoptadas por la dictadura militar. Profesor Universidad Nacional "Resta mucho para que se haga plena justicia, y quizás nunca se cierren del todo las heridas”.

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